Hay dos enfoques equivocados sobre la crisis cubana: el de la nostalgia revolucionaria o el del entusiasmo intervencionista. Ambas son erradas pues asumen un paradigma incompatible con la democracia liberal. El primero, lleva al totalitarismo socialista y su fracaso económico; el segundo, al imperialismo trumpista.
Lo que muestra la isla es el modo -posiblemente perverso- en que la nueva estrategia trumpista busca reordenar América Latina, aprovechando las patologías de los estados debilitados: economías exhaustas, soberanías cuestionadas, derechos devaluados.
Como muestra, entre el 15 y el 22 de marzo, por la falta petróleo derivada del bloqueo estricto de Washington, Cuba sufrió dos colapsos nacionales en su red eléctrica. A pesar de ello, el gobierno cubano resiste, mientras la ciudadanía sigue pagando los costos -cada vez más altos- de la permanencia de Miguel Díaz-Canel.
La nueva lógica de Washington busca reordenar la región mediante el castigo ejemplar, la presión asimétrica o la negociación bajo asfixia. El antecedente más claro fue la captura de Nicolás Maduro, en una operación que partió políticamente a América Latina y revivió el lenguaje de la intervención directa.
Nada de lo ocurrido obliga a defender a la Revolución cubana ni a su régimen. La crisis de la isla no puede explicarse sólo por la coerción externa. También muestra un modelo económico incapaz de sostener energía, producción y condiciones mínimas de vida. Pero una cosa es reconocer ese fracaso y otra convertirlo en licencia para una tutela hemisférica.
Ahí es donde el espejo cubano refleja el problema mexicano. Si un Estado deja deteriorar su soberanía material, otro actor buscará administrar esa falla desde fuera. Y en México el deterioro no viene de un partido único ni de una revolución envejecida, sino de haber permitido durante años la porosidad criminal: municipios capturados, economías locales infiltradas, rutas enteras bajo control de redes violentas. Y el reflejo, así, se convierte en advertencia: la de un Estado que, al debilitarse desde dentro, empieza a volverse administrable e intervenido desde fuera.
La soberanía también se pierde cuando el Estado renuncia, por omisión, a ejercer autoridad sobre su propio territorio. Washington ya formuló su exigencia en esos términos: consideró inaceptable el progreso incremental de México contra las redes narcoterroristas y reclamó resultados concretos y verificables. Poco después, una nueva fuerza interagencial encabezada por militares estadounidenses aportó inteligencia a la operación mexicana contra El Mencho, mientras la Casa Blanca afirmó, además, que a los cárteles sólo se les derrota con poder militar.
La novedad no está sólo en la presión de Washington, sino en el desorden moral que produce. La reconfiguración trumpista obliga a los gobiernos latinoamericanos a pronunciarse no desde principios consistentes, sino desde cálculos de supervivencia, afinidades tácticas y miedos domésticos. Así, el vocabulario regional se vacía de contenido; la soberanía se invoca a veces para encubrir abusos internos, la democracia se defiende sólo cuando conviene, y la no intervención deja de ser una norma para convertirse en un argumento selectivo. Ese deterioro importa porque desarma a América Latina justo en el momento en que más necesitaría lenguaje común, criterios compartidos y una posición menos reactiva frente al poder hemisférico.
Esa es la incomodidad liberal-democrática de este momento. No debemos defender ni dictaduras agotadas ni hegemonías punitivas. Pero tampoco podemos fingir que la amenaza externa nace en el vacío. Cuando un gobierno tolera que actores criminales capturen funciones, lealtades y territorios, fabrica argumentos para su tutela. Rechazar una intervención futura exige algo más que vociferar en contra de Trump. Implica, sobre todo, reconstruir Estado, ley y autoridad pública, antes que otro decida hacerlo a su manera.
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