Hace unos años, cuando trabajaba en el manejo de una crisis mediática, aprendí algo que no se olvida: la palabra “veraz” puede convertirse en un arma, según quién la empuñe. No es lo mismo que un periodista se equivoque a que un funcionario decida, desde su escritorio, que esa equivocación merece una multa. Esa distinción —entre el error humano y la censura con sello oficial— es exactamente lo que está en juego en la consulta pública que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió el pasado 27 de julio y que concluye este 21 de agosto.
El propósito es noble: proteger los derechos de las audiencias. Nadie debería oponerse a que la ciudadanía reciba información veraz y oportuna, a que se distinga con claridad entre opinión y noticia, entre publicidad y contenido editorial, o a que exista una persona defensora que escuche las quejas del público. Son derechos reconocidos desde 2013 en el artículo 6° constitucional y es momento de que operen de verdad. Hasta ahí, el consenso es amplio.
El problema no está en el propósito. Está en la letra chica.
Los lineamientos que propone la CRT facultan a la autoridad para calificar qué información es “veraz” y cuál no. Y ahí es donde una buena intención puede convertirse en una herramienta peligrosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado con claridad: las opiniones no pueden someterse a un juicio oficial de verdad o falsedad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU va todavía más lejos y advierte que cualquier ley que imponga una “verdad oficial” es, por definición, incompatible con la libertad de expresión. No se trata de una opinión aislada: es parte de los estándares que durante décadas ha construido el sistema interamericano de derechos humanos.
A esto se suma un dato que no es menor: a diferencia del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo, la CRT está adscrita al gobierno federal. Eso significa que quien terminaría definiendo qué es información veraz —con capacidad de imponer sanciones de hasta el 1% de los ingresos anuales de una empresa— responde, en última instancia, a la misma esfera de poder que los medios están llamados a vigilar y cuestionar. Ese conflicto estructural no se resuelve con buenas intenciones.
Tampoco ayuda la vaguedad. Los conceptos de información “falsa” o “descontextualizada” siguen sin definirse mediante criterios objetivos y verificables. Y cuando una norma no establece con precisión qué conducta se sanciona, cuál es la consecuencia ni ante qué autoridad puede defenderse una persona, dejamos de hablar de regulación y comenzamos a hablar de discrecionalidad. La historia del periodismo en América Latina está llena de ejemplos de cómo la ambigüedad normativa puede terminar funcionando como censura sin necesidad de censurar: basta con que el medio o el comunicador decida que no vale la pena correr el riesgo. Eso tiene nombre: autocensura. Y una vez que comienza, es casi imposible medir todo aquello que dejó de decirse.
Hay, además, una asimetría que llama la atención: la propuesta es exigente con los medios comerciales, pero guarda silencio sobre los medios públicos y sobre el propio Estado. Si la veracidad y la rendición de cuentas son principios universales, deberían aplicarse por igual.
Nada de esto significa que la autorregulación de los medios sea perfecta ni que debamos resistirnos a rendir cuentas frente a nuestras audiencias. Al contrario: los códigos de ética, las personas defensoras de las audiencias y los mecanismos de queja ya son, para la mayoría de los medios serios, una práctica cotidiana. Lo que no podemos aceptar es que la vigilancia del contenido editorial —el fondo de lo que se dice, no solo la forma en que se dice— quede en manos de un árbitro con incentivos políticos y reglas ambiguas.
La mejor defensa de una audiencia no es un funcionario que le diga qué creer. Es una ciudadanía con criterio propio, informada por medios responsables y libres, capaz de distinguir por sí misma entre un dato y una opinión, entre una fuente confiable y una que no lo es. Tratar al público como si no pudiera ejercer ese criterio es, paradójicamente, una de las formas más eficaces de debilitarlo.
Estamos a tiempo de corregir el rumbo.
#OpiniónCoparmex
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