Concluí mi entrega anterior expresando el anhelo de construir un país “de cuyo presente también podamos sentirnos orgullosos”. Mi intención hoy era reflexionar sobre si ese orgullo proviene del presente o del pasado, pero algunos amables lectores de mi texto previo me reclamaron que parecía sugerir que la falta de lealtad democrática es exclusiva de la izquierda. A esa inquietud dedico esta colaboración.
Empiezo aclarando que no metería las manos al fuego por la ética política de ninguno de los dirigentes principales de los partidos de oposición. Señalar los atentados contra la democracia cometidos desde la izquierda no significa ignorar los abusos perpetrados desde otros frentes, ni minimizar la responsabilidad histórica de quienes antes debilitaron nuestras instituciones por ambición o conveniencia.
Al preparar este texto, encontré que el politólogo Christopher J. Anderson acuñó el concepto del “consenso de los perdedores” para explicar que la estabilidad democrática depende menos de quienes ganan que de la estatura moral de quienes pierden. Reconocer la derrota no es cortesía: es lo que hace posible la transmisión pacífica del poder. Sin ello, no hay democracia.
Los hechos son elocuentes. De 1994 a la fecha, todos los candidatos presidenciales perdedores del PRI, PAN y MC salieron, la misma noche electoral, a reconocer su derrota. Ese comportamiento contrasta con las casi dos décadas —de 1994 a 2012— en las que Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador sistemáticamente desconocieron los resultados cuando les fueron adversos. (Para ser justos, Cárdenas tenía razones históricas para desconfiar de la limpieza electoral tras 1988).
Sin embargo, el contexto internacional permite constatar que la falta de lealtad democrática no es exclusiva de una ideología. En Estados Unidos, por ejemplo, el demócrata Al Gore, habiendo ganado el voto popular por más de medio millón de sufragios, aceptó una controvertida decisión de la Corte Suprema que zanjó el recuento en Florida —estado decidido por 537 votos— y selló su derrota. En contraste, el republicano Donald Trump, tras perder por 7 millones de votos la elección en 2020, alentó una movilización que derivó en el asalto al Capitolio y puso en entredicho a una de las democracias más antiguas y sólidas del mundo.
Así que, vistos en conjunto, los hechos muestran que la deslealtad democrática no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha, sino a quienes carecen de ética republicana. Como advertía Carlos Castillo Peraza, “las democracias requieren demócratas”. Las normas e instituciones electorales son utilería si no hay actores que respeten las reglas del juego antes, durante y después de jugarlo, y antepongan a sus ambiciones personales el interés nacional.
¿A dónde quiero llegar? A que, si los demócratas mexicanos aspiramos a recuperar nuestras instituciones, antes que pensar en partidos, candidaturas y recursos, debemos empezar por definir con claridad nuestros principios. Uno de ellos, acaso el primero, debe ser la lealtad democrática: reconocer los resultados, respetar al árbitro y honrar los límites del poder. Y debe serlo incluso si no corresponde —y precisamente porque no corresponde— al comportamiento de quienes hoy gobiernan.
