En las últimas semanas se han sumado reportes de playas, flora y fauna afectadas, sin que hasta ahora exista una evaluación integral del daño
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En las últimas semanas se han sumado reportes de playas, flora y fauna afectadas, sin que hasta ahora exista una evaluación integral del daño
Un derrame de hidrocarburos que comenzó a detectarse desde los primeros días de marzo ha impactado más de 630 kilómetros del litoral del Golfo de México, desde el norte de Veracruz hasta Tabasco, en lo que organizaciones ambientales califican como una de las contingencias más preocupantes de los últimos años en la región.
La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con más de 30 organizaciones civiles, denunció que la presencia de chapopote se ha extendido a al menos 51 sitios —42 en Veracruz y 9 en Tabasco—, alcanzando municipios como Tamiahua, Tuxpan, Cazones y Paraíso.
En un comunicado, las agrupaciones alertaron que “en las últimas semanas se han sumado muchos reportes de playas, flora y fauna afectadas”, sin que hasta ahora exista una evaluación integral del daño, particularmente en los 125 arrecifes coralinos y rocosos que conforman este sistema, considerado uno de los más importantes del país por su biodiversidad.
La emergencia ocurre en un contexto de creciente deterioro ambiental en el sur-sureste del país que, de acuerdo con reportes locales y nacionales, ha sido advertido desde hace años por especialistas, académicos y organizaciones civiles.
Investigaciones periodísticas han documentado afectaciones recurrentes por derrames, fugas y mala gestión ambiental vinculada a la actividad petrolera en el Golfo de México, así como la falta de mantenimiento en infraestructura energética.
Informes de Mongabay Latam han señalado, por ejemplo, el deterioro progresivo de ecosistemas costeros y arrecifales en Veracruz y Tabasco, mientras que Proceso ha reportado incidentes previos relacionados con instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin que se establezcan responsabilidades claras.
Las organizaciones denunciaron que las labores de limpieza emprendidas por Pemex y autoridades de los tres niveles de gobierno han sido limitadas y focalizadas principalmente en playas de interés turístico, dejando sin atención amplias zonas de manglares, arrecifes y comunidades pesqueras.
Advirtieron que no existe información pública clara sobre el alcance del daño ecológico ni sobre las estrategias de contención, lo que agrava la incertidumbre entre las poblaciones afectadas.
Al menos 16 mil familias que dependen de la pesca en estas costas han visto comprometido su sustento, mientras que se han documentado ya efectos directos en la fauna marina, incluyendo la muerte de al menos seis tortugas, dos delfines y un pelícano.
La situación es especialmente crítica debido a la cercanía con la temporada de anidación de cinco especies de tortugas marinas —laúd, verde, caguama, carey y lora—, todas catalogadas en peligro de extinción.
Las organizaciones advirtieron sobre el uso potencial de dispersores químicos como medida de mitigación, señalando que estos pueden generar efectos secundarios severos en corales, moluscos, mamíferos marinos y en la biodiversidad del fondo marino.
Además, alertaron que los residuos de hidrocarburos representan riesgos tóxicos para las comunidades costeras, lo que podría derivar en afectaciones a la salud pública.
Hasta el momento, no existe claridad sobre el origen del derrame ni sobre el manejo de los residuos peligrosos generados durante las labores de limpieza.
Ante ello, las organizaciones exigieron una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades del derrame —incluyendo la posible participación de empresas privadas—, así como acciones inmediatas de contención, restauración ambiental y transparencia en la información.
“Este desastre ambiental puede extenderse y agravarse, y requiere una atención urgente, coordinada y efectiva por parte de todas las autoridades responsables y la ciudadanía”, señalaron.
También demandaron la implementación de estudios de riesgo, modelación de escenarios y mecanismos de comunicación abiertos con las comunidades afectadas, en un contexto donde, acusan, la crisis ambiental había sido anticipada, pero no atendida.
A la par de las denuncias en territorio, imágenes satelitales analizadas por Planet Labs Inc han permitido dimensionar la magnitud del desastre desde sus primeras etapas. De acuerdo con reportes retomados por medios internacionales, los registros muestran la presencia de manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo desde finales de febrero, antes de que el problema fuera reconocido públicamente en tierra.
Estos monitoreos, basados en tecnología de observación terrestre de alta frecuencia, evidencian la expansión progresiva del contaminante hacia las costas de Veracruz y Tabasco, lo que refuerza las denuncias de comunidades y organizaciones sobre una reacción tardía por parte de las autoridades. La información satelital ha sido clave para reconstruir la cronología del derrame y confirmar que el fenómeno no fue repentino, sino acumulativo.
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