Culiacán, Sin.- Entre febrero de 2024 y febrero de 2026, se perdieron 26 mil empleos formales en Sinaloa, según la información oficial del IMSS.
En ese lapso, 80 mil jóvenes sinaloenses tuvieron necesidad de incorporarse al mercado laboral.
La narcopandemia empezó en septiembre de 2024. Van 19 meses.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la calidad de los empleos también se redujo. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, desaparecieron 75 mil puestos de trabajo de tiempo completo, y aumentaron los de tiempo parcial, de menos de 15 horas.
Se perdieron 48 mil empleos de ingreso medio, que ganan entre 19 y 28 mil pesos mensuales, y aparecieron 48 mil de ingreso bajo; de 9 mil 450 pesos o menos. La cantidad de sinaloenses con salario de más de 47 mil al mes disminuyó en 20 por ciento.
Los pequeños establecimientos dejaron de emplear a 38 mil personas, los grandes a 15 mil y los medianos a 2 mil. Creció en 40 mil la cantidad de personas ocupadas en micronegocios, por su cuenta.
La cantidad de sinaloenses que trabajan en condiciones críticas, las peores situaciones de tiempo y salario, aumentó en 13 mil.
El número de trabajadores sinaloenses que no ganan lo suficiente para comprar una canasta alimentaria para ellos y sus dependientes económicos, aumentó en esta crisis de inseguridad en 4 mil 297, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, según la medición de pobreza laboral del INEGI.
La pérdida de empleo y la disminución de ingresos de los sinaloenses no es debido a que estos perdieron habilidades laborales, disminuyeron su esfuerzo o tomaron malas decisiones empresariales. La causa es la incapacidad del gobierno de prevenir el delito y garantizar la seguridad pública.
Directamente varios actores sociales le han pedido al gobernador un programa de empleo temporal que provea un nivel básico de ingresos a quienes perdieron su empleo a cambio de que trabajen en actividades de beneficio comunitario. Se negó a hacerlo.
Directa y públicamente, le solicitaron gestionar que no se cobrara el servicio de electricidad a las familias desempleadas, citando que la CFE había exentado el pago a muchas más personas en Tabasco porque habían apoyado las protestas postelectorales de López Obrador. Se negó a hacerlo.
Ningún orden de gobierno tiene un plan de recuperación de la economía y el empleo de las familias sinaloenses.
Expresamente, el Consejo Intercamaral de Culiacán, que agrupa a las principales organizaciones empresariales, solicitó un plan emergente. El secretario de Economía estatal respondió que en Sinaloa no hay una situación de emergencia económica.
En Sinaloa es vital un programa de apoyo a la economía familiar de quienes han perdido su fuente de ingresos. Garantizar niveles esenciales de alimentación y acceso a los servicios básicos a cambio de trabajo comunitario. Humanitariamente evitar la desnutrición infantil y la deserción escolar por esta caída en la pobreza.
Es necesario apoyar con asesoría, financiamiento y trato fiscal especial y de trámites a todas esas personas que, como forma de enfrentar el desempleo, han iniciado la venta de algún producto o la prestación de servicios por su cuenta; a todas las empresas en peligro de cerrar y a todos los negocios que pudieran reabrir.
Urge un acompañamiento diseñado específicamente para cada caso.
La integralidad de una política de seguridad pública necesariamente debe tener como componente una estrategia de reconstrucción de la economía legal.
El desempleo es una de las grietas que provoca el resquebrajamiento no solo del Estado de derecho sino de la sociedad misma.
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