Los resultados del primer año fiscal de la nueva administración no son alentadores, ni para los contribuyentes ni para la estabilidad macroeconómica del país. El deterioro de las finanzas públicas sigue siendo preocupante por cinco razones fundamentales.
Primero, el endeudamiento público de 2025 superó de manera significativa al monto total de la inversión pública, hecho que ya se anticipaba. Segundo, rebasó los montos aprobados tanto de déficit público como de gasto. Tercero, la inversión física resultó menor a la autorizada por el Congreso. Cuarto, el pago de intereses continúa en ascenso y, pese a la reducción de tasas de interés, superó el monto destinado a inversión física. Quinto, el saldo de la deuda con garantía explícita del gobierno federal aumentó de 217.9 a 421.1 mil millones de pesos entre el cierre de 2024 y 2025. El Fideicomiso de Inversión en Proyectos de Energía lo explica, aunque no lo tradujo en mayor inversión física del sector energético, la cual cayó 32.2% en términos reales en 2025.
Cada uno de estos puntos amerita un análisis detallado. No obstante, me concentro en el aspecto más crítico: endeudamiento público sigue superando por mucho a la inversión. Aunque el Congreso de la Unión autorizó para 2025 un endeudamiento mayor a la inversión, lo hizo a sabiendas de que dicha autorización contraviene lo establecido en la Constitución, la cual señala que ningún empréstito puede celebrarse si no se destina a obras que incrementen directamente los ingresos públicos.
En 2025, el endeudamiento del sector público ascendió a 1 billón 366 mil millones de pesos, mientras que la inversión física total alcanzó apenas 769.9 mil millones. Esto implica que cerca de 596 mil millones de pesos se destinaron a fines distintos a los permitidos constitucionalmente. De ese monto, 253.7 mmp pueden justificarse por el apoyo a Pemex para amortizar deuda externa, y dar inicio al pago a proveedores. Sin embargo, los 342.3 mmp del sobregiro con respecto a la inversión, se destinaron a cubrir el gasto corriente, lo que evidencia la debilidad estructural de las finanzas públicas.
Esta fragilidad es aún más clara al analizar exclusivamente las finanzas del gobierno federal. El saldo de la deuda total neta pasó de 15.2 billones de pesos al cierre de 2024 a 17.0 billones en 2025. El déficit, medido por los requerimientos financieros del gobierno federal, ascendió a 1.8 billones de pesos, frente a una inversión de apenas 496 mil millones. En consecuencia, el gobierno federal requirió aproximadamente 1.3 billones de pesos de endeudamiento para cubrir el gasto corriente más el pago de intereses.
La magnitud de esta última cifra es alarmante: equivale casi a la totalidad de la recaudación del IVA en 2025, que fue de 1.5 billones de pesos. Este monto da una idea del incremento mínimo en la recaudación que una reforma fiscal debiera contemplar para sostener el funcionamiento y compromisos del Estado.
Termino con dos conclusiones. La primera: no será sorpresa que el gobierno federal y las empresas paraestatales no estén, en el corto plazo, en condiciones de financiar la inversión necesaria para detonar crecimiento económico. La segunda: es indispensable que la actual administración retome el cumplimiento estricto de la Constitución, y que el Congreso sólo autorice endeudamiento público dirigido exclusivamente a inversión productiva que genere mayores ingresos futuros. Un último dato: en 2025 el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal llegó a 149.2 mmd, por un incremento de 25.3 mmd con respecto al de 2024.
Al margen
Una reforma electoral que refuerce la hegemonía política asustará a la inversión privada y, por ende, inhibirá al crecimiento económico. Conviene ponderar cuidadosamente sus consecuencias.
