Dos decisiones recientes del gobierno comparten la misma insuficiencia: confunden su objetivo con los medios para alcanzarlo.
Durante la 89ª Convención Bancaria, la presidenta Sheinbaum anunció que este año se harán obligatorios los pagos digitales en gasolineras y casetas. El gobierno tiene buenas razones para buscar la digitalización: la crisis del llamado “huachicol fiscal”, por ejemplo. La trazabilidad del dinero permite registrar transacciones para combatir el lavado de dinero. Sin embargo, no queda claro por qué la respuesta tendría que ser una obligación para las y los consumidores.
De acuerdo con el INEGI (2024), 8 de cada 10 personas en México tienen algún producto financiero. Al mismo tiempo, 85.2% de las compras menores a 500 pesos todavía se pagan en efectivo. Tener una cuenta no equivale a usarla para pagar. Además, persisten brechas en la inclusión financiera: personas adultas mayores, habitantes de zonas rurales y sectores de menor ingreso no tienen cuentas, no usan dispositivos o simplemente desconfían de un sistema del que se sienten excluidos. Obligarlos a pagar digitalmente los dejaría sin opciones. Y cuando la gente se queda sin opciones legales aparecen los mercados informales, precisamente lo que se quiere evitar.
La banca ya ofreció eliminar temporalmente las comisiones en gasolineras: un incentivo que funciona sin coerción. El siguiente paso podría ser unificar medios como SPEI, CoDi y DiMo en una sola plataforma con respaldo tecnológico sólido y estándares claros de seguridad. Hoy los tres sistemas coexisten de forma fragmentada.
Este dilema no es exclusivo de México. Recientemente –a través de un referéndum– 73% de la ciudadanía suiza votó por proteger constitucionalmente el acceso al efectivo. La razón de fondo es sencilla: la pluralidad de medios de pago es una forma de libertad.
El conflicto por el transporte en los aeropuertos de la Ciudad de México ofrece otro ejemplo. Los taxistas concesionados tienen un argumento válido: pagan derechos, cumplen requisitos, operan en un esquema regulado. Pero los conductores de plataformas como Uber y DiDi son trabajadores formales que pagan impuestos. Estigmatizarlos como “servicios irregulares” es inexacto, pero emprender una persecución en su contra es francamente injusto. El problema es que la oferta de taxis ni siquiera alcanza para cubrir la demanda. El sexto país más visitado del mundo –que en menos de tres meses será sede del Mundial de la FIFA– no puede darse ese lujo.
La función del gobierno no es reducir las alternativas disponibles para las personas. Si la forma en la que se pretende resolver un problema crea otros, entonces la solución debe ser distinta.
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