El ecosistema para la inversión de empresas de todos los tamaños ha cambiado de forma súbita. En los últimos 24 meses se ha fraguado, en la práctica, una nueva arquitectura constitucional.
El ecosistema para la inversión de empresas de todos los tamaños ha cambiado de forma súbita. En los últimos 24 meses se ha fraguado, en la práctica, una nueva arquitectura constitucional.
Para México, volver a crecer no es una opción: es una necesidad urgente. Si bien es imperativo persistir en la aspiración de un México más justo, estamos cayendo en una peligrosa ilusión: creer que es posible distribuir perpetuamente un ingreso que no se está generando. Esta situación es aún más crítica ante la precariedad de la hacienda pública y la falta de un entorno que incentive a los particulares a invertir con determinación.
Hoy en día, a pesar de la narrativa oficial, la posición fiscal del Estado mexicano es sumamente frágil. Su hacienda pública —es decir, la capacidad real del Estado para hacer y concretar— se ha reducido drásticamente. Actualmente, los recursos son insuficientes para garantizar la seguridad nacional y pública, invertir en infraestructura y prestar servicios de educación y salud con calidad y cobertura, mientras se sostiene una expansión ambiciosa de las transferencias en efectivo.
El panorama es complejo por seis razones fundamentales:
Por otro lado, el ecosistema para la inversión de empresas de todos los tamaños ha cambiado de forma súbita. En los últimos 24 meses se ha fraguado, en la práctica, una nueva arquitectura constitucional. Para el crecimiento económico, dos cambios son críticos:
Primero, la incertidumbre sobre el nuevo Poder Judicial. Se desconoce cómo se integrará la jurisprudencia pasada y bajo qué criterios se dirimirán las diferencias entre particulares. Especialmente, existe la duda de si este poder será capaz de fijar límites al Estado frente a la propiedad privada. Resurge el temor a la expropiación arbitraria, un factor que, recordemos, provocó la ruptura entre la sociedad y el Estado en 1982.
Segundo, el nuevo marco jurídico otorga facultades de jure y de facto al Ejecutivo que alteran las reglas de convivencia entre el sector público y el privado. El Estado ha retomado, a través de Pemex y CFE, el monopolio de la inversión en el sector energético, un área intensiva en capital que suministra insumos esenciales para toda la producción nacional. A esto se suma la incertidumbre por la próxima revisión del T-MEC, lo que obliga a posponer decisiones estratégicas de inversión.
En conclusión, el nuevo Estado de Bienestar —que ha contribuido a sacar de la pobreza a millones de personas— solo será sostenible si regresamos a una senda de crecimiento económico vigoroso y constante. México necesita unidad para pactar cómo el erario puede recibir ingresos recurrentes suficientes para elevar el nivel de vida de todos. El Estado no puede solo; las personas y las empresas necesitan un Estado con capacidad de ejecución. En suma, México necesita una verdadera hacienda pública.
El desafío de México no es elegir entre crecimiento o bienestar, sino entender que uno es el motor del otro. No podemos permitir que las transferencias en efectivo consuman las semillas del crecimiento futuro. Es momento de exigir un pacto nacional que devuelva la certidumbre a la inversión y fortalezca nuestra hacienda pública. Sin una economía que genere valor, la justicia social será solo un anhelo pasajero. La pregunta para todos —gobierno, empresas y sociedad— es: ¿estamos listos para construir la infraestructura económica que hará realidad ese bienestar?
