Según el estudio, hay un 89% de impunidad, es decir 9 de cada 10 delitos que se denuncian no se resuelven
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Según el estudio, hay un 89% de impunidad, es decir 9 de cada 10 delitos que se denuncian no se resuelven
La extorsión es el delito de alto impacto social que registra los niveles más bajos de denuncia y la mayor impunidad en el país, revela la organización México Evalúa.
El estudio “Radiografía de la Impunidad en México. Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024”, señala que dicho ilícito alcanza una cifra oculta -antes denominada cifra negra- de 96.97% a nivel nacional.
De acuerdo con el análisis presentado este martes, casi la totalidad de las víctimas prefieren no denunciar a los extorsionadores ante las fiscalías del país, lo que dificulta la apertura de un proceso penal.
Las causas son variadas, desde la desconfianza institucional hasta la baja expectativa de resultados.
México Evalúa indica que la cifra oculta por tipo de delito muestra que existen conductas delictivas que las personas tienden a denunciar más, pero no es el caso de la extorsión.
“En particular, el robo de vehículo (84.5%) y las lesiones (86.45%) presentan los niveles más bajos de cifra oculta. Tratándose de delitos patrimoniales, la cifra sobre robo de vehículo está incentivada porque las aseguradoras piden la denuncia formal ante la fiscalía para el rescate de la suma asegurada”.
Refiere que, en contraste, delitos como la extorsión (96.97%) y el fraude (96.74%) registran niveles de denuncia muy bajos, algo que está relacionado con la naturaleza de estos actos y las formas más modernas de comisión.
Cabe señalar que la extorsión ha sido el delito de alto impacto que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido -según sus propias cifras- que no ha logrado disminuir en lo que va del sexenio.
Incluso, el incremento en la incidencia de este ilícito propició que Sheinbaum enviara en octubre de 2025 una serie de iniciativas con el fin de que todas las entidades federativas persigan este delito de oficio y que su investigación no dependa de la presentación de una denuncia.
En noviembre pasado se aprobó la reforma para contar con una nueva Ley General en materia de Extorsión, misma que contempla penas de hasta 42 años de prisión.
Por otra parte, el informe de hallazgos de México Evalúa establece que en México no se denuncian 93% de los delitos y de los que se denuncian ante las fiscalías solo uno de cada 10 es resuelto.
La organización destaca que la cifra oculta de los delitos en el país se mantiene en niveles “extraordinariamente altos”.
Mientras que en México es del 93%, en países como Estados Unidos es de 52% y en Reino Unido del 62%.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, dijo que, aunque las cifras ocultas suelen ser elevadas en todos los países, en México lo son todavía más. Como ejemplo citó Colombia, donde se registra una cifra oculta de 77%, aun cuando ambas naciones enfrentan retos similares.
Sostuvo que también resulta alarmante que, sin importar el partido en el poder, el 90% de los casos que deberían resolverse en un año no tienen respuesta efectiva.
Campos comentó que reducir la impunidad es un desafío enorme, pero también es una tarea posible si se logran articular diagnósticos rigurosos, voluntad institucional y colaboración entre distintos sectores.
Radiografía de la Impunidad en México ofrece un diagnóstico sobre el desempeño institucional del sistema penal entre 2019 y 2024 mediante una metodología renovada a partir de fuentes abiertas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez.
En los tribunales, de 627 mil causas penales acumuladas en 2024, sólo 10.55% alcanzó una resolución efectiva, mediante mecanismos como juicio oral, procedimiento abreviado, suspensión condicional o mecanismos alternativos de solución de controversias.
El estudio también documenta un incremento significativo del rezago institucional. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron —de 1.3 millones a 2.6 millones— mientras que las causas acumuladas en tribunales crecieron de 221 mil a 425 mil.
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