Sinaloa está en mala situación económica y política, y además enfrenta una justificada discriminación desde el gobierno federal. Aquí ha sido la cuna del narcotráfico, y muchas de las etiquetas que hoy se cuelgan al gobierno de Claudia Sheinbaum (narco-Estado, narcogobierno) derivan de lo que acontece en esta entidad. Pero el gobierno federal no ha querido, o no ha podido, marcar una línea roja política hacia el gobierno estatal. No lo acepta, pero extrañamente lo tolera.
Pero está en marcha un silencioso aislamiento de Sinaloa. Ello afecta negativamente a su población. Un ejemplo ocurrió a mediados de 2025, cuando el gobierno federal presentó sus proyectos hídricos para el sexenio. Se trata de 17 proyectos con una inversión inicial de 122 mil millones de pesos.
Sinaloa no fue incluido en este programa pese a ser altamente agrícola, y donde se pierde más de 50% del agua disponible a causa del deterioro en la red de distribución. Además, la sequía le amenaza año tras año. Esta deliberada omisión federal fue aceptada por el gobierno estatal, porque no está en condiciones de reclamar nada, como sí lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Chihuahua.
Otro caso de discriminación hacia Sinaloa es la incorporación de Topolobampo en el Programa Polos de Desarrollo del Bienestar. Desde el anuncio oficial, nada ha ocurrido en esta región. En otras entidades ya hay múltiples inversiones en proceso, pero Sinaloa es el único caso donde no existe inversión pública ni privada derivada de este programa oficial.
Lo que sí hay en Topolobampo son dos enormes problemas sin resolver debido al desaseo político estatal, a la falta de interés federal, y a múltiples promesas sin cumplir. Uno es la inversión del grupo GPO, que en 2014 inició la construcción de una planta y que 12 años después apenas tiene un avance de 50%, debido al bloqueo en contra de una inversión de 5 mil millones de dólares.
Otro caso es la empresa Mexinol, que va a construir una moderna planta para producir metanol ultrabajo en emisiones, con una inversión inicial de 3 mil millones de dólares. Su construcción iniciaría a principios de 2025, pero a esta fecha no hay avance alguno, también por problemas relacionados con el desaseo político por parte de autoridades.
Si el gobierno de Sheinbaum realmente quiere un polo de desarrollo en Topolobampo, primero debe garantizar respeto a las inversiones, y que la ley no quede sujeta a manipulaciones políticas. Pero también tiene la obligación de dotar a la región de infraestructura básica, pues allí existe falta de agua y de energía, y no existen parques industriales.
Topolobampo muestra que no bastan las promesas gubernamentales. Ejemplifica que cuando un gobierno estatal es impresentable y tiene una larga cauda de señalamientos, no debe tolerarse más, pues la inversión huye. Sinaloa hoy está pagando un altísimo costo por su falta de desarrollo, y por contar con un gobierno que no hace nada, tampoco deja hacer, y que todo lo descompone.
