Hay políticas públicas que pueden corregirse cada tres o seis años y otras que, por su naturaleza, necesitan mucho más tiempo. La energía pertenece claramente al segundo grupo. Una central eléctrica, una línea de transmisión o una red de gasoductos requieren años de planeación, inversión y construcción. Por eso, cuando esta semana el Gobierno federal anunció inversiones cercanas a 1.2 billones de pesos hacia 2030 en electricidad y gasoductos, inevitablemente pensé en la reforma energética de 2013 y en todo lo que ha pasado desde entonces.
La reforma impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cambió profundamente el modelo energético mexicano. No significó que el petróleo dejara de pertenecer a la Nación ni que Pemex y CFE desaparecieran, sino que abrió mayores espacios a la inversión privada en generación eléctrica, exploración y extracción de hidrocarburos. La idea era que las necesidades del sector eran demasiado grandes para depender únicamente del presupuesto público. Se creó el Mercado Eléctrico Mayorista, se fortalecieron organismos reguladores y se buscó atraer capital para ampliar la infraestructura energética del país.
Cinco años después cambió el gobierno y también la visión. La administración de Andrés Manuel sostuvo que aquel modelo había debilitado a las empresas públicas y comenzó a recuperar un papel predominante para el Estado. Se suspendieron nuevas rondas petroleras, cambiaron reglas y se intentó modificar nuevamente la Constitución para fortalecer a CFE frente a los generadores privados. Aunque esa propuesta constitucional no prosperó, el rumbo de la política energética sí cambió.
Y aquí es donde creo que esta la discusión más interesante. Más allá de quién tenía razón, ¿qué pasa cuando un país modifica profundamente las reglas de sectores que necesitan décadas para desarrollarse? Hoy México vuelve a requerir enormes cantidades de capital para producir electricidad, ampliar redes y construir gasoductos. Y el modelo actual vuelve a contemplar la participación privada, aunque bajo condiciones distintas, con un Estado que busca mantener al menos el 54 por ciento de la generación eléctrica. No estamos regresando exactamente a 2013, pero sí reconociendo nuevamente que la inversión pública por sí sola no es suficiente.
Desde el norte esto se entiende muy bien. Aquí hablamos de plantas automotrices, acereras, parques industriales y ciudades que necesitan cada vez más electricidad. En Torreón, por ejemplo, los apagones han provocado pérdidas a empresas, mientras que el crecimiento industrial de Saltillo y Ramos Arizpe exige infraestructura capaz de sostener nuevas inversiones. Una fábrica puede tener terreno, trabajadores y cercanía con Estados Unidos, pero si no tiene energía suficiente, todo lo demás pierde valor.
Quizá durante demasiado tiempo convertimos la discusión energética en una disputa entre Estado y mercado, cuando la verdadera pregunta era cómo construir un sistema que combinara la rectoría del Estado con la inversión y capacidad privada. Pero hay algo todavía más importante: el tiempo. Cada vez que cambiamos profundamente las reglas, se retrasan decisiones y proyectos, mientras las ciudades continúan creciendo y la demanda de electricidad no espera.
Tal vez la lección de estos años no esté en determinar quién ganó la discusión energética, sino en entender que hay decisiones que deberían sobrevivir a los gobiernos. México necesita políticas públicas con visión de largo plazo, capaces de corregirse sin tener que comenzar de cero cada sexenio.
Porque en energía, empezar otra vez también cuesta.
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