Hace cuatro semanas, en la entrega anterior, sostuve que la igualdad ante la ley ha sido una promesa ampliamente incumplida. Además, quedó sin respuesta una pregunta compleja. Si aceptamos que la premisa es la igualdad formal, pero de ella no se sigue ningún resultado material, ¿cómo se le da entonces contenido sustantivo a la igualdad?, o alternativamente ¿cómo se reduce la desigualdad?
La respuesta del constitucionalismo moderno fue construir el paradigma de los derechos. Si todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y son esos derechos los que dan contenido material a la igualdad. Primero fueron las libertades civiles, luego los políticos, y finalmente los sociales —educación, salud, vivienda, trabajo— que en el siglo XX prometieron traducir la igualdad formal en condiciones materiales más equitativas. Casi todos los derechos sociales pueden leerse como dispositivos para que el Estado, a través de acciones positivas, reduzca las desigualdades. Es decir, lo que la ley afirma de manera abstracta, el Estado -a través de los derechos- lo concreta en acciones.
El problema es que los derechos cuestan, y alguien tiene que pagar la factura. Stephen Holmes y Cass Sunstein lo demostraron en su ya clásico libro El costo de los derechos. Todos los derechos dependen de instituciones que cuestan. La propiedad requiere registros y jueces. Las libertades civiles requieren tribunales que las protejan. La salud exige hospitales, medicinas y personal sanitario. La educación, escuelas y maestros. Los derechos, en suma, demandan recursos que, por definición, son escasos. Quien gobierna tiene que decidir por qué y dónde asignarlos.
Así, la pregunta deja de ser solo normativa y se vuelve también económica y política: cuánto podemos pagar y en qué distribuirlo. En Por qué fracasan los países, los premios nobel Daron Acemoglu y James Robinson sostienen que la prosperidad de las naciones no depende de la geografía ni de la cultura, sino de la calidad de sus instituciones. Las inclusivas —las que garantizan propiedad, educación, competencia política y rendición de cuentas— generan los círculos virtuosos de la riqueza. Las extractivas, que concentran el poder en pocas manos, condenan a sociedades enteras al estancamiento. El contraste entre Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora —misma ciudad, misma gente, países distintos— resume la tesis. El crecimiento no es un lujo, sino la condición necesaria para financiar derechos y, con ello, dar contenido sustantivo a la igualdad.
De aquí se sigue una consecuencia política poco discutida. Si los derechos cuestan y los recursos son limitados, las ofertas de los partidos deberían ser planes concretos para dotarlos de contenido de manera progresiva: qué priorizar, qué después, con qué impuestos y en qué plazos. Y las elecciones deberían ser el mecanismo de rendición de cuentas más importante de la vida pública, pues son el momento en que los ciudadanos evalúan el cumplimiento de esas promesas y pueden reorientar el rumbo.
Pero no sucede así. Las campañas se llenan de consignas y agravios; los programas son catálogos de buenos deseos sin números ni plazos; las elecciones se ganan con promesas de las que rara vez se rinde cuentas. América Latina ofrece ejemplos de sobra: constituciones expansivas en derechos pero presupuestos exiguos, sistemas tributarios débiles, ciclos electorales que casi nunca se traducen en políticas públicas coherentes. La frustración con la democracia, que solemos atribuir a sus instituciones, proviene en realidad de no haberlas usado en serio.
Esa es la tragedia de la democracia contemporánea. Tenemos el lenguaje de los derechos, sabemos que cuestan, conocemos los mecanismos para financiarlos y disponemos del procedimiento electoral para deliberar sobre prioridades. Y, sin embargo, rara vez ponemos las tres cosas a trabajar juntas.
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