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El derecho a incomodar

No hay tirano que soporte la crítica, mucho menos que permita el libre intercambio de ideas que lleva a un pensamiento propio. Su megalomanía no aguanta que alguien desentone en el coro de halagos que lo acompaña siempre.

Buscan con ansiedad las maneras en las que callar a los críticos, ya sea a través de la censura abierta o imponiendo condiciones para que la valentía de alzar la voz salga tan cara que no valga la pena.

Por suerte en la historia del mundo encontramos que hay tribunales independientes, esos que también representan un obstáculo a todo proyecto tiránico, que han entendido que los límites se tienen que fijar mucho antes de que llegue una nueva amenaza.

En la permanente labor de mantener en línea a las tentaciones autoritarias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha jugado un papel fundamental.

Tan sólo hay que recordar que en 1976, cuando el tribunal analizó la demanda de Richard Handyside, dueño de la editorial Stage 1, contra el Reino Unido, la corte demostró que tenía muy clara la necesidad de asegurar el pluralismo en la discusión pública.

En 1971, autoridades del país incautaron y destruyeron ejemplares del libro The Little Red Schoolbook por considerarlo obsceno y contrario a la moral de los menores de edad al incluir un capítulo sobre sexualidad, tema que consideraron inapropiado para la niñez.

A pesar de haber fallado a favor del Reino Unido, el tribunal dejó en claro que la libertad de expresión puede aplicarse no sólo a la información o las ideas favorables al Estado, sino también a aquellas que “ofendan, escandalizan o perturban” al gobierno o la población.

La posición de la corte en favor de la libertad de expresión se vio reforzada en 1986 cuando analizaron un caso más complejo y delicado, por lo que su decisión tuvo un mayor peso entre quienes mantienen un permanente escrutinio al gobierno.

En el caso Lingens vs. Austria, el país multó a Peter Lingens, editor de la revista Profil y que escribió en 1975 sobre el político Bruno Kreisky y el exmiembro de las SS Friedrich Peter.

Lingens criticó que Kreisky defendiera a Peter y calificó su actitud de “inmoral” e “indigna”; además defendió a Simon Wiesenthal de los ataques de Kreisky, quien había descrito sus actividades y organización como “mafia” y “métodos mafiosos”.

Las cortes austriacas condenaron a Lingens por difamación, al considerar que debía probar la veracidad de sus juicios de valor.

La Corte Europea, sin embargo, concluyó que Austria restringió de forma injustificada la labor del periodista, y ordenó indemnizar al periodista.

El Estado austriaco intentó argumentar que un límite a la libertad de expresión es el atentado en contra de la reputación de una persona.

La respuesta fue contundente. “Los límites de la crítica aceptable son más amplios en lo que respecta a un político que a un particular”.

El tribunal estableció que un miembro del gobierno, sea del nivel que sea, se expone al constante escrutinio de sus acciones por parte de los medios, algo que es fundamental en un sistema de pesos y contrapesos.

En otras palabras, declaró que “la libertad de prensa ofrece, además, al público uno de los mejores medios para conocer y formarse una opinión sobre las ideas y actitudes de los líderes políticos. En términos más generales, la libertad de debate político es fundamental para el concepto de sociedad democrática”.

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