Para el investigador David Mora, más que atrapar capos, la presidenta debe dejar de cuidar su base política y romper con las redes institucionales que protegen al crimen
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Para el investigador David Mora, más que atrapar capos, la presidenta debe dejar de cuidar su base política y romper con las redes institucionales que protegen al crimen
El principal desafío de la presidenta Claudia Sheinbaum no será capturar más capos ni incrementar la presencia militar en las calles, sino romper las redes de protección política, financiera e institucional que durante décadas han permitido el crecimiento de los cárteles en México. Esa es la principal conclusión del análisis publicado en la revista neoyorquina Foreign Affairs bajo el título “Why Mexico’s Cartels Are So Hard to Defeat”, (Por qué los cárteles mexicanos son muy difíciles de derrotar).
El texto sostiene que la estrategia de Sheinbaum representa un giro respecto a la política de “contención” aplicada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que —según el autor— los grupos criminales ampliaron su control territorial, fortalecieron su capacidad armada y diversificaron sus negocios ilícitos mientras las fuerzas federales evitaban confrontaciones directas.
Aunque la actual administración ha incrementado operativos militares y detenciones, advierte que el verdadero reto está en desmontar los vínculos entre autoridades locales, cuerpos de seguridad y organizaciones criminales.
“El éxito real dependerá menos del número de tropas desplegadas, drogas decomisadas o capos capturados que de la capacidad del gobierno mexicano para descubrir y desmantelar los arreglos políticos y económicos que han permitido a los grupos criminales crecer en poder durante décadas”, afirma el texto del investigador David Mora.
El análisis pone como ejemplo el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque la acción fue presentada como un éxito militar, el autor señala que las autoridades desperdiciaron una oportunidad clave para profundizar en las conexiones políticas y financieras del cártel, luego de que la escena fuera alterada antes de que pudiera integrarse evidencia sólida para futuras investigaciones judiciales.
Para Mora, esta falla refleja uno de los principales problemas estructurales del Estado mexicano: la incapacidad de transformar victorias tácticas en procesos judiciales que golpeen las redes de corrupción que sostienen al crimen organizado.
El artículo advierte que Sheinbaum intenta construir una estrategia más integral apoyada en inteligencia, vigilancia financiera e investigación criminal, bajo el liderazgo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Según el análisis, el gobierno ha fortalecido capacidades de espionaje, acceso a datos y coordinación operativa con el objetivo de convertir información de inteligencia en evidencia judicial útil para procesar no sólo a sicarios o traficantes, sino también a funcionarios y empresarios vinculados a los cárteles.
Sin embargo, el autor subraya que la principal resistencia no proviene únicamente de los grupos criminales, sino del propio sistema político.
El texto menciona que las acusaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra funcionarios y actores políticos ligados al Cártel de Sinaloa colocan a Sheinbaum frente a un dilema complejo: combatir la corrupción dentro de su propio movimiento sin fracturar a Morena ni debilitar su base de poder territorial.
Uno de los casos más delicados es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por fiscales estadounidenses de presuntos vínculos con operadores del narcotráfico.
Mora sostiene que la presidenta ha intentado contener el impacto político cuestionando la solidez de las acusaciones, pero advierte que mantener esa postura podría volverse insostenible si continúan apareciendo pruebas o colaboraciones judiciales en Estados Unidos.
El análisis también plantea que la presión del presidente Donald Trump ha obligado al gobierno mexicano a endurecer acciones contra los cárteles, acelerar extradiciones y realizar operaciones de alto impacto. No obstante, advierte que una escalada unilateral de Washington —incluida una posible intervención militar— podría desestabilizar la cooperación bilateral y agravar aún más la violencia en México.
En ese contexto, Mora considera que Sheinbaum “camina sobre una línea muy delgada”: necesita demostrar resultados contra el crimen organizado mientras enfrenta resistencias políticas internas y evita un choque diplomático con Estados Unidos.
“La pregunta no es si el gobierno puede matar o capturar más líderes criminales”, sostiene el análisis, “sino si puede romper las estructuras políticas, económicas y de protección institucional que mantienen vivos a los cárteles”.
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