No hubo explosiones, hombres armados ni una planta tomada por la fuerza. Tampoco fue necesario destruir una presa o cerrar físicamente una válvula. Bastó con que alguien, quizá a miles de kilómetros, entrara a un sistema y alterara la tecnología que controlaba el agua.
Del otro lado, la escena era absolutamente cotidiana: una persona abría la llave para bañarse, preparaba el café o llenaba un vaso, sin imaginar que algo tan elemental podía depender de una contraseña, una conexión remota y una computadora que acababa de ser intervenida.
Entre el 26 y el 27 de julio, más de 30 sistemas comunitarios de agua en Minnesota, Estados Unidos, fueron blanco de un ciberataque coordinado. En Braham, una ciudad de cerca de mil 800 habitantes, el pozo dejó de responder y la planta suspendió temporalmente la producción y el tratamiento. La población siguió recibiendo el agua almacenada en la torre, pero se le pidió reducir el consumo porque la reserva era limitada. En otras localidades fallaron controles automatizados y fue necesario regresar a la operación manual.
El agua seguía ahí. Lo que se había perdido era la capacidad de controlarla.
Lo grave no fue que millones de personas se quedaran sin agua ni que esta fuera contaminada, porque eso no ocurrió. Lo grave fue comprobar que alguien desde el exterior podía apagar un pozo, impedir que se llenara una torre y hacer que una ciudad perdiera el control de su propia infraestructura. El ataque no produjo una catástrofe, pero demostró que existía la capacidad para provocarla.
En la serie más amplia de incidentes reportada al FBI en por lo menos siete estados hubo instalaciones con pérdida de presión e inundaciones. La primera puede permitir que agua no tratada se filtre en las tuberías. Es ahí donde un problema informático deja de pertenecer solamente a una pantalla y comienza a representar un riesgo para la salud y la seguridad de las personas.
No se ha realizado una atribución definitiva. Funcionarios y especialistas estadounidenses han señalado similitudes con operaciones vinculadas con actores iraníes, pero la investigación continúa.
Durante años entendimos los ciberataques como fraudes bancarios, robos de contraseñas o filtraciones de correos. Sin embargo, hoy una computadora puede controlar semáforos, subestaciones eléctricas, válvulas de gas o bombas de agua. Cada conexión que vuelve más eficiente un servicio también puede convertirse en una puerta de entrada.
México debería mirar este caso con especial atención. En 2023, la Comisión Nacional del Agua reconoció un incidente de seguridad informática que provocó la suspensión, durante semanas, de numerosos trámites. Aquello afectó principalmente su operación administrativa. Minnesota muestra el siguiente nivel del riesgo: no solo paralizar una oficina, sino intervenir la infraestructura que sostiene la vida cotidiana.
Nuestra Constitución reconoce el acceso al agua suficiente, salubre, aceptable y asequible como un derecho humano. Garantizarlo ya no depende únicamente de presas, pozos, tuberías y plantas de tratamiento. También requiere proteger contraseñas, sensores, conexiones y sistemas de control.
Esto exige inversión, equipos actualizados, redes separadas, respaldos fuera de línea y personal capacitado. También requiere algo que parecería anticuado en plena era tecnológica: conservar la capacidad de operar manualmente. Cuando falla el sistema, una palanca y una persona que sepa moverla pueden evitar una crisis.
La ciberseguridad suele parecernos un asunto lejano, hasta que abrimos la llave y no sale agua. Entonces descubrimos que las nuevas amenazas no siempre llegan armadas ni derriban una puerta. A veces entran con una contraseña y nos cierran la llave desde el otro lado del mundo.
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