No creo que alguien haya considerado sorpresiva la detención del alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, y algunos de sus funcionarios por estar relacionados con el crimen organizado.
Quizá la diferencia radica en que a dicho sujeto se le ocurrió extorsionar o amenazar a empresas tequileras con operaciones trasnacionales y gran prestigio nacional. Ello implicó una atención al mayor nivel gubernamental para intentar generar una acción ejemplar.
El debilitamiento de los municipios como órganos de autoridad política y jurídica real se acrecentó de forma evidente en los últimos años, pero existía ya una inercia evidente desde hace décadas.
Por ejemplo, su participación en la seguridad pública comenzó con la facultad constitucional que le fue otorgada en el gobierno de Miguel de la Madrid el 3 de febrero de 1983. En esa misma reforma se les facultó para prestar el servicio de agua.
Posteriormente se fueron ampliando sus facultades por leyes generales en materia de residuos sólidos, disposición de aguas residuales, protección civil, desarrollo urbano, establecimientos mercantiles, protección al medio ambiente, etc.
Si bien antes de 1983 la población mexicana seguía siendo predominantemente rural y las zonas urbanas se encontraban bien definidas, casi 50 años después nos encontramos en un escenario exactamente invertido. La mayoría de los mexicanos habitamos zonas urbanas y, sobre todo, conurbadas.
Las manchas urbanas no sólo invadieron el entorno natural de sus regiones, sino que superaron la capacidad de organización y respuesta de los gobiernos municipales que todavía gozan de autonomía constitucional.
En materia de seguridad pública tal cuestión es más que evidente. No hay organización policiaca municipal que no se encuentre coludida, en determinada medida, con las organizaciones criminales asentadas en su localidad.
Sinceramente, hoy en día, una gran mayoría de las estructuras públicas municipales, se encuentra sometida o sustituida por los mandos delictivos de la localidad. La regla de “plata o plomo” les aplica más que a nadie; las autoridades municipales tienen como principal característica su inmediatez y cercanía con el ciudadano. Eso opera tanto física como jurídicamente. Las personas que desempeñan las funciones son identificables por ley y ampliamente visibles.
La extorsión, como derecho de piso o venta exclusiva, realizada por las organizaciones criminales es producto de una complacencia o complicidad de los órganos municipales; ya sea por interés económico o político o, más grave, como mecanismo de supervivencia.
Más grave lo que acontece en fechas recientes ante la hegemonía política a nivel nacional; las autoridades municipales, al sentirse parte de un movimiento político que pone al Estado de derecho en un plano lejano a la actividad pública, utilizan algunas herramientas legales para realizar sus propias extorsiones.
So pretexto de pagos de agua, predial, falta de renovación de licencias, uso de suelo, protección civil o medio ambiente realizan clausuras a empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes, que se ven en la necesidad de aceptar los requerimientos económicos (más allá de derechos o impuestos) de las autoridades para poder continuar con sus operaciones, no sólo lícitas, sino necesarias.
Las acciones de investigación y procuración de justicia contra servidores públicos municipales son más que necesarias, pues disminuyen la impunidad. Pero una revisión sobre las facultades de dichas autoridades y los límites a las mismas siguen siendo una tarea pendiente que, como sociedad, tenemos que resolver.
