"El Estado no puede cambiar unilateralmente las reglas", advierten expertos sobre la eliminación de pensiones a exfuncionarios

Aunque la iniciativa presidencial para eliminar las pensiones “doradas” a burócratas se presenta como un acto de austeridad republicana y justicia moral, la medida podría generar una oleada de amparos al violar los derechos constitucionalmente adquiridos de los exfuncionarios, advirtieron consultores y abogados.

Carlos Ramírez, socio de Integralia y expresidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), y Roberto Gomar, abogado especializado, dijeron que se trata de una reforma “efectista”, políticamente rentable, pero que vulnera el Estado de Derecho tal y como ha sido planteada.

Señalaron a La Aurora de México que el Estado no puede cambiar unilateralmente las reglas, además de que la propuesta anunciada no resuelve el brutal gasto pensionario del país y resulta contradictoria con la política de jubilaciones de la 4T.

Ramírez sostuvo que está de acuerdo con la iniciativa de terminar con las pensiones exageradas que reciben altos exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro, CFE, Pemex, entre otros.

Sin embargo, afirmó que hay una contradicción evidente porque los gobiernos de Morena “han tomado medidas en materia pensionaria que son infinitamente más costosas”.

“La pregunta es por qué llegó hasta ahora esta iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum subió las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado, un regalo para tenerlos calmados, mientras Andrés Manuel López Obrador regaló pensiones a los de Luz y Fuerza, a los de CFE”, dijo.

En tanto que, en el aspecto legal, los burócratas afectados con la eliminación de pensiones elevadas “no se van a quedar de brazos cruzados y van a argumentar que se están vulnerando los derechos adquiridos”.

Destacó que, si bien existen consideraciones morales para aplicar la medida, la realidad es que no hay nada ilegal en las jubilaciones, por lo que habrá una serie de amparos que deberá resolver el Poder Judicial Federal.

Gomar, por su parte, explicó que aun tratándose de una reforma constitucional, no puede vulnerar otros derechos fundamentales. “La iniciativa no puede prosperar en los términos anunciados porque afecta derechos adquiridos, protegidos por el artículo 14 constitucional, y desconoce las aportaciones ya realizadas por los afectados”.

“Ellos cumplieron su parte del contrato social (aportaciones más servicio), y el Estado no puede cambiar unilateralmente las reglas después de que ellos ya obtuvieron el beneficio consolidado”, agregó.

Advirtió que la reforma generará una cascada de amparos que, con altísima probabilidad, serán concedidos.

“El ahorro anunciado de cinco mil millones de pesos se diluirá en litigios y, en última instancia, la Corte impedirá la reducción a quienes ya tienen el derecho adquirido”, sostuvo.

Indicó que el Estado de Derecho no es opcional aun cuando la medida pueda sonar popular o de austeridad.

“Esa es la línea roja que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte han marcado durante más de un siglo. Por eso, en los términos planteados, la iniciativa no prosperará”, concluyó.