Si se compara la primera iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de López Obrador –en la cual se planteaba, entre otras cosas, el control total de las autoridades electorales, la desaparición de la representación proporcional en el Congreso y el debilitamiento de los partidos de oposición vía la reducción del financiamiento público, rechazada en diciembre de 2022— con la última propuesta de la presidenta Sheinbaum –que se concentra en debilitar y reducir la pluralidad en Congresos estatales y en los ayuntamientos, más el adelanto de la revocación de mandato— es imposible no concluir que el empeño de la 4T por modificar el marco normativo en materia electoral, con el fin de consolidar constitucionalmente su hegemonía política, ha fracasado estrepitosamente.
Ha sido un empeño obsesivo –iniciado después del revés electoral de Morena en las elecciones intermedias de 2021— que les ha tomado casi cinco años, dos derrotas en el pleno del Congreso y un fallo adverso de la Suprema Corte (falta saber qué pasará con este último plan B) pero aun siendo aprobado, la distancia entre el avasallamiento total que pretendía a lo que puede aprobarse en los próximos días hay una diferencia enorme.
Sin embargo, ello no significa que su vocación profundamente autoritaria haya disminuido o vaya a limitarse en el futuro. La única diferencia es que, al no haber conseguido nuevas normas constitucionales, tendrán que hacerlo de facto y a la mala, violando la Constitución (como lo hicieron para auto dotarse de mayorías calificadas) y tratando de disimularlo con sus eufemismos mañaneros, y asegurando que lo hacen en nombre del pueblo, que les ordena todas las barbaridades que cometen. Puro cinismo que, según la Real Academia de la Lengua, significa obscenidad descarada y desprecio a las normas y valores morales.
Cinco años de esfuerzo nulo que les debería mover a reflexionar sobre los alcances de su poder real. Morena solo no tiene las mayorías calificadas porque en la elección para diputados de 2024 solo sacó 41% de la votación (la coalición Morena, PT y PVEM, obtuvo 54%) sino que enfrentó una oposición múltiple y permanente a su obsesión por modificar la Constitución unilateralmente desde tres factores de poder real: a) el resto de los partidos (en la votación del plan B de Sheinbaum se opusieron PRI, PAN, MC, PT y PVEM); b) un segmento amplio de la ciudadanía que en noviembre de 2022 y febrero de 2023 salió masivamente a defender al INE y, c) la Suprema Corte que derogó las leyes anticonstitucionales del plan B de AMLO.
La segunda reflexión que debieran hacer es sobre las consecuencias de mantener su obsesión por garantizar su permanencia en el poder indefinidamente, para lo cual dedican su energía y tiempo no en gobernar bien, sino en crear condiciones para ganar elecciones fraudulentamente, ya sea adelantando la revocación de mandato, asociándose con el crimen organizado o adelantando las campañas electorales con el truco de cambiarle de nombre a los candidatos y llamarles coordinadores de la transformación.
Solo apunto tres de esas consecuencias: la deslegitimación de los procesos electorales que provocarán conflictos políticos con riesgo de violencia; mayor polarización y división de la sociedad que entorpecerá la gobernabilidad y, para el sector empresarial, la confirmación de que tienen enfrente un gobierno arbitrario al que no le interesan la estabilidad política ni la certidumbre jurídica como factores indispensables para el crecimiento económico. Pero al parecer a la 4T no le importa gran cosa ni gobernar ni socavar su proyecto.
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