La reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G7 celebrada hace algunos días en París fue más que un encuentro técnico sobre estabilidad financiera. Confirmó una tendencia: la integración de herramientas financieras y económicas a mecanismos tradicionales de seguridad —cooperación policial y judicial, inteligencia y esquemas de sanciones— para enfrentar al crimen organizado transnacional y sus redes de financiamiento. La próxima Cumbre de Líderes del G7, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Évian-les-Bains, elevará este enfoque al más alto nivel político del bloque.
Más de 70 delegaciones y organismos internacionales, incluido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respaldaron endurecer los mecanismos contra el lavado de dinero y la financiación ilícita del crimen organizado. Entre los principales acuerdos destacan una mayor supervisión sobre criptomonedas y billeteras digitales sin custodia, un intercambio más ágil de información entre unidades de inteligencia financiera y la ampliación de criterios de debida diligencia para bancos e instituciones financieras. El mensaje político fue claro: las grandes potencias elevaron la prioridad del combate al crimen organizado en su agenda de seguridad.
México quedó en el centro de varias discusiones. Durante las reuniones en París, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, vinculó directamente al "Cártel de Sinaloa" con organizaciones terroristas internacionales y pidió mayor firmeza de los aliados de Washington contra las redes financieras, empresas fachada y estructuras logísticas vinculadas al narcotráfico. La convergencia entre terrorismo, tráfico ilícito y crimen organizado se convirtió en uno de los ejes centrales del G7.
Semanas antes, la Casa Blanca había presentado sus nuevas Estrategias Antiterrorista y Antinarcóticos 2026, que endurecen significativamente la postura frente a los cárteles mexicanos. La administración Trump busca construir una red internacional de presión financiera, intercambio de inteligencia y coordinación regulatoria para perseguir no solo a organizaciones criminales, sino también a empresas, operadores financieros y redes logísticas que faciliten sus operaciones.
Pero detrás de esa estrategia existe otra señal política igual de importante: la creciente desconfianza de Washington hacia la capacidad —y voluntad— del Estado mexicano para confrontar al crimen organizado. Hoy amplios sectores del aparato de seguridad e inteligencia estadounidense parecen dar por hecho que importantes estructuras del Estado mexicano han sido capturadas por redes criminales con enorme capacidad territorial, financiera y política —más incluso que actores estatales. Eso representa para Estados Unidos un riesgo prioritario para su seguridad nacional, particularmente frente al tráfico de fentanilo, el control de rutas estratégicas y la capacidad operativa transnacional de los cárteles.
Por eso la presión estadounidense ya no se limita a la frontera ni a la cooperación policial tradicional. Esta comienza a extenderse hacia el sistema financiero internacional, los marcos regulatorios globales, las cadenas logísticas y las estructuras corporativas que facilitan operaciones ilícitas. También empieza a permear la relación económica y comercial con México, incluida la próxima revisión del T-MEC, donde temas de seguridad, cumplimiento regulatorio y confianza institucional adquirirán un peso mayor. Esto podría traducirse eventualmente en mayores sanciones financieras, restricciones regulatorias y costos reputacionales para empresas, intermediarios y actores económicos vinculados —directa o indirectamente— con operaciones relacionadas al crimen organizado.
El combate al crimen organizado hoy es un tema central para la seguridad global y México ya no puede seguir defendiendo su deficiente actuación frente a este flagelo utilizando discursos trasnochados de soberanía, particularmente cuando amplias regiones del país operan bajo el control de estructuras criminales con poder territorial, económico y político. Este es un mundo distinto y en política internacional las inercias se pagan. Como dice el dicho: “El que no se aclimata, se aclimuere”.
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