La semana pasada, siguiendo la idea de Eduardo Backhoff sobre la muerte silenciosa de la educación, escribí que este proceso se agrupa en seis dimensiones: la inédita caída de las coberturas educativas; la degradación de las escuelas; la pauperización de los programas de estudio y de los libros de texto; la reducción del presupuesto de las universidades públicas autónomas y de la inversión en ciencia y tecnología; el regreso del uso político del magisterio, y el abandono de la educación inicial y de la construcción de un sistema de cuidados. En los próximos artículos abordaré cada una de ellas. Empiezo con la caída de la matrícula.
A lo largo del siglo XX, México construyó uno de los sistemas educativos más grandes del mundo. Cuando Vasconcelos y Obregón fundaron la SEP en 1921, el país tenía una de las coberturas más bajas de Iberoamérica. Sin embargo, como argumenta Alan Knight, la Revolución Mexicana tuvo un carácter tocquevilliano: de las cenizas del antiguo régimen surgió un Estado más fuerte. Esa nueva potencia permitió crear por primera vez una autoridad educativa nacional y extender las escuelas a todo el territorio. En 1921 apenas 36% de los niños asistían a la primaria. Para 1940 la cobertura había llegado a 60% y México superó a Brasil, Colombia y Perú. Hacia 1970 convergió con Chile, Argentina y España, alcanzando la universalización de la oferta en primaria, aunque la escolarización efectiva llegó a 99% hasta 2017.
Las cifras muestran la magnitud del proceso. En 1921 había 868 mil alumnos en primaria. En 1970 eran 9.2 millones. En 2018 superaban los 14 millones. La secundaria pasó de coberturas cercanas a 10% en los años 60 a niveles prácticamente universales en 2018. El preescolar, la media superior y la educación superior siguieron trayectorias semejantes. La cobertura de media superior pasó de 30% en 1980 a 84% en 2018. La de educación superior creció de 15% a casi 40%. Todos los gobiernos, desde Obregón hasta Peña Nieto, ampliaron la cobertura educativa.
Esta tendencia centenaria se revirtió con los gobiernos de Morena. En preescolar la cobertura cayó de 72% a 64%. En primaria, de 99% a 94%. En secundaria, de 97% a 93%. Y en media superior, de 84% a 75%. En conjunto, un millón y medio de estudiantes abandonaron las escuelas.
Detrás de esta caída hay tres factores. El primero fue la desaparición de Prospera, un programa que apoyaba a las familias más pobres para que sus hijos asistieran a la escuela. El segundo fue el cierre prolongado de escuelas durante la pandemia. El tercero fue la cancelación de los recursos para expandir la educación media superior.
Tras la desaparición de Prospera, la matrícula cayó en las regiones donde operaba el programa, especialmente en el bachillerato y entre los hombres. Al mismo tiempo aumentó el empleo informal juvenil. Se produjo una transferencia de la escuela al trabajo. Las becas actuales no han compensado ese efecto: no llegan a las zonas más pobres ni exigen corresponsabilidad. A ello se sumaron más de 250 días de cierre escolar, frente a cerca de 100 en promedio en los países de la OCDE. Tampoco existió un programa robusto para reincorporar a quienes abandonaron las aulas. Y se detuvo, por falta de recursos, la expansión de la educación media superior.
Esto debería ser un escándalo nacional y abrir un debate sobre el diseño de los programas sociales y el financiamiento educativo. Una oposición que genuinamente quiera ser alternativa, además de denunciar la tragedia, debe plantear soluciones. Por ello, en el siguiente artículo abordaremos el replanteamiento de los programas sociales y el financiamiento de la educación.
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