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El maxiproceso aún es evitable

Ahora resulta que los dirigentes de los partidos de oposición están dormidos porque respetan la ley.

Ha sido tal el éxito electoral de Morena con su desprecio absoluto a la legalidad, que quien se ciñe a las reglas es obsoleto, fracasado o tonto (para decirlo sin groserías).

Oigo y leo a analistas prestigiados afirmar que Morena ya venció a una oposición dormida porque esta semana puso en la marquesina y en acción a sus precandidatos a gobernadores para la elección de junio de 2027.

La batalla, sin embargo, no es entre astutos y bobos, sino entre legalidad e ilegalidad.

Candidatos de Morena hacen campaña, con la venia de su partido, con un año de anticipación porque tienen el financiamiento de grupos criminales que luego les designan a parte del gabinete.

Por eso el país está en el peligro en que se encuentra: porque gubernaturas (al menos una, de la oposición) y municipios son complejos de poder político-criminal.

No hay dinero limpio que sostenga campañas durante tanto tiempo y en tantos estados.

La fiscalización está a cargo del INE y del Tribunal Electoral, controlados por Morena.

Mal haría la oposición en seguir el ejemplo de Morena y comenzar campañas desde ahora con el dinero de los cárteles.

El modelo de narcogobiernos de Morena, protegidos por tres o cuatro magistrados del Tribunal Electoral, es de un éxito efímero y envenenado.

Ya lo han dicho una y otra vez el presidente, el secretario de Estado y el vicepresidente de Estados Unidos: no van a permitir que en México gobiernen los cárteles.

Lo dijo Donald Trump en la cumbre del G7 el miércoles: México no tiene el control de su país, pues gobiernan los cárteles.

El vicepresidente JD Vance lo dijo con toda claridad ayer a N+ Univisión: privilegiamos la cooperación, pero no se descarta la acción militar.

¿Qué no se entiende de ese ‘cooperas o lo haremos contra tu voluntad’?

Al gobierno de Estados Unidos, particularmente al actual, le importa un comino la ideología de quien gobierne México.

Lo que no acepta es que grupos terroristas (como denominan, para efectos legales y prácticos, a los cárteles mexicanos) asuman tareas ejecutivas.

Y ante esa cantidad de avisos, en todos los tonos y en voz de los más altos funcionarios de Estados Unidos, el gobierno mexicano se niega a entregar a un gobernador aliado de un cártel, que ganó con su apoyo armado, y que nombró en su gabinete a ocho o nueve colaboradores del grupo criminal.

Morena lanzó la voz de arranque para que compitan en popularidad los que aspiren a ser “defensores de la cuarta trasformación”, que luego serán candidatos en la elección de junio de 2027.

Ahí está el germen de la narcopolítica.

Por esa vía los estados acabarán gobernados por la fusión de narco y política. O huachicol y política. O clanes de la extorsión y política.

Afortunadamente la oposición no ha entrado en ese juego, por simple sentido común: la fiesta de narco y política no puede durar.

Sin colaboración y en el jolgorio de la ilegalidad, el gobierno y su partido abonan el terreno para un maxiproceso en Estados Unidos.

Aún es tiempo de evitarlo, dice Vance.

Sheinbaum está limpia, dice Trump.

La decisión final es de ella.

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