Culiacán, Sin.- Los efectos de la combinación del narco y del populismo en la democracia sinaloense. Es el problema.
La imposición autoritaria de decisiones al ciudadano común. Esta es una sociedad acostumbrada a ello, aquí, desde hace generaciones, la imposición no es una cosa excepcional, es la forma natural de vida, los sinaloenses han convivido con ella desde siempre. Y eso explica muchas cosas.
El 96.31% de los delitos no se denuncia. El tercer peor dato del país.
Aquí, cuando el patrón decide algo, la mayoría obedece.
No solo decisiones políticas, la dominación autoritaria incluye las decisiones económicas, culturales, familiares y personales. No son todas, pero sí las que se les antojen.
Todo sinaloense asume que hay límites, no establecidos en la ley, que no debe rebasar y que hay permisos que, aunque no los pida, es un alivio recibir.
No hay elecciones libres. Hubo decenas de secuestros la noche anterior a la elección del gobernador en 2021 y decenas de presidencias municipales se ganan por la operación electoral del crimen organizado. El ciudadano tiene limitado su voto.
Muchas dependencias de gobierno funcionan controladas por el crimen organizado. El ciudadano tiene limitado su derecho a exigir cuentas.
Las dirigencias de organizaciones importantes de productores son definidas por el crimen organizado. En la elección del sindicato del ayuntamiento de Culiacán sucedieron amenazas y atentados. El ciudadano tiene limitado su derecho de asociación.
El asesinato del periodista Javier Valdez asentó que la libertad de prensa es limitada.
El gobierno estatal de Morena no combatió la intromisión del narco en la política, no amplió los derechos ciudadanos. No fortaleció las instituciones locales de seguridad pública.
El populismo concatenó con el narco. Ambas coaliciones consideran ilegítimo que exista oposición a sus decisiones.
En ese escenario, la diputada local morenista Almendra Negrete obtuvo que el tribunal electoral estatal sancione a una ciudadana por lo que dijo en su ámbito privado.
En Sinaloa, eso significa que el poder de los “patrones” es más grande, que puede llegar hasta lo que escribamos en WhatsApp. Que los derechos del ciudadano son más limitados.
Es un momento de reversa democrática. Se expandió el modelo de “ciudadano obediente”.
Es una nueva demostración de que no todos somos iguales. Ahora hay un grado más de poder de la casta. El político morenista como “patrón” intocable. El ciudadano ya no puede ofenderlo en privado. Además, el uso que el morenismo ha dado al tipo de delito no es recíproco. Una persona común no puede demandar por violencia política a un diputado, gobernante o candidato.
Independientemente del fallo del tribunal federal, el tribunal electoral estatal confirma que las instituciones locales están al servicio de los patrones, por encima del texto constitucional. Una conquista democrática es la distinción entre la esfera pública y la privada. El poder no puede meterse en la vida personal. Almendra nos demostró que no tenemos esa protección.
La diputada pudo haber denunciado amenazas, por la vía penal. Decidió hacer gala de poder, denunciar el pensamiento, así nos demostró que no tenemos ese derecho.
En Sinaloa los ciudadanos hemos renunciado a la existencia de un sistema de garantías y derechos. Aceptamos que hay poderes (patrones) que están sobre la ley y pueden castigarnos por desobedecerlos.
Los sinaloenses sabemos que tenemos derechos políticos limitados y no tenemos garantías de seguridad, vida y patrimonio.
Hay una casta de poder que no necesita de nuestra aprobación y que nos castigará si no le gusta lo que hagamos, digamos o pensemos.
De esa dominación pretendemos desatarnos.
Pendejos, nos llaman, por intentarlo.
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