Los acontecimientos del fin de semana confirman la dimensión de la presencia del CJNG en el territorio nacional y el peso que tiene en todas las esferas de la vida nacional. En lo social, donde la población es rehén o cómplice de sus actividades, conformó una red de subordinación y protección; en lo político, basta ver el clima de violencia y amenazas que se presenta en cada elección, así como en las exigencias a las presidencias municipales para reclamar recursos públicos para obras, por ejemplo, pero que terminan en manos de la organización delictiva; en lo económico, hemos señalado por un lado, el cobro de derecho de piso y, de paso, que han encarecido sobre todo productos básicos, pero además se sabe de su incursión en diversos mercados legales, con lo cual han controlado la oferta y el precio de productos específicos en varias zonas del país.
Desde otra perspectiva, se observa la debilidad de las instituciones del Estado para que sus órganos de gobierno federal, estatal y municipal garanticen seguridad y el Estado de derecho. Estos son temas que regularmente reporta como preocupación de los empresarios la encuesta del Banco de México. Pero hoy lo que se confirma y revela es la situación de indefensión en la que se encuentran los micro y pequeños empresarios y productores y comercializadores de todo tipo de bienes y servicios. Los Censos Económicos 2024 también indican que de cada 100 unidades económicas: 34 se quejaron de la inseguridad pública; 95 son microestablecimientos (ocupan máximo 10 personas); 64 son informales, y 34 se ubican en el comercio al menudeo.
Igualmente, en el tema de los precios de productos del campo, además de la sequías o inundaciones, tenemos el peso de las organizaciones criminales, basta ver que 57% del PIB del sector primario se genera en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Chihuahua y Guanajuato. Entidades caracterizadas por la presencia del crimen organizado, particularmente del CJNG.
