Durante décadas dimos por sentado que el riesgo nuclear era un remanente de la Guerra Fría: un escenario histórico relegado a documentales y debates académicos, no a la política contemporánea. Pensamos que, pese a conflictos, habíamos domesticado las armas más destructivas jamás creadas.
Esa convicción ahora se resquebraja. El andamiaje jurídico que otorgó previsibilidad al poder nuclear se desmantela. Desde febrero de 2026, no existe un tratado que limite formalmente los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia, los dos Estados con el mayor inventario de ojivas del planeta. La amenaza no es sólo la proliferación, sino la erosión de los límites que la contenían.
Desde los 70, la estabilidad estratégica entre Washington y Moscú descansó en acuerdos vinculantes. SALT (Strategic Arms Limitation Talks, 1972 y 1979), START (Strategic Arms Reduction Treaty, 1991) y New START (2010) impusieron techos numéricos, inspecciones, transparencia en despliegues y protocolos de comunicación y manejo de crisis. No significaron un desarme total, pero redujeron incertidumbre y riesgos operativos.
New START expiró en febrero sin remplazo. Moscú sostiene que respetará los límites si EU hace lo mismo. Pero sin respaldo jurídico y con liderazgos imprevisibles, ese compromiso puede quebrarse en cualquier momento.
No estamos retornando a una Guerra Fría clónica; aquella tenía reglas, cronogramas y verificación. Estamos entrando en una fase más inestable: un sistema nuclear sin anclajes jurídicos firmes y con más actores compitiendo por ventajas estratégicas.
La distinción entre obligación jurídica y compromiso político es decisiva. La estabilidad no depende sólo de la capacidad de destrucción asegurada mutua, sino de que cada parte conozca el arsenal del otro, su potencial de daño y los canales para gestionar errores. La historia lo demuestra. En 1983, el oficial soviético Stanislav Petrov descartó una alerta de ataque nuclear que era un error técnico. Durante minutos, la paz dependió más de una decisión humana que de un sistema automático. Sin límites legales verificables, la probabilidad de crisis accidentales aumenta.
A ese debilitamiento se suma un cambio geopolítico estructural: el equilibrio ya no es bipolar. China expande su arsenal y construye cientos de nuevos silos, reclamando un papel central en cualquier negociación futura. Los mecanismos de control diseñados para dos potencias comparables no contemplan adecuadamente este nuevo equilibrio.
Ese cambio se refleja en el lenguaje estratégico: la lógica de reducción de arsenales, cimentada en el Tratado de No Proliferación Nuclear, ha dado paso a una carrera de modernización cualitativa —misiles hipersónicos, submarinos más sigilosos, sistemas de penetración avanzados— que puede resultar más desestabilizadora.
El TNP sigue siendo un pilar, pero su legitimidad depende de que las potencias cumplan sus promesas de reducción. Cuando esa reducción se estanca o retrocede, la competencia tecnológica crece, el sistema pierde fuerza y otros Estados encuentran incentivos para ampliar sus arsenales.
Hoy, cada alarma falsa, cada error o decisión impulsiva tiene el potencial de encender una crisis antes controlable. Las armas se perfeccionan mientras las reglas se debilitan, y no sólo entre las potencias: Corea del Norte, un Irán nuclear emergente y actores no estatales como ISIS o Al Qaeda también presionan esa frontera, transformando un equilibrio gestionado en una pugna global imprevisible.
