Las reglas que sostuvieron el orden global durante décadas se están resquebrajando. La multilateralidad está cediendo —como se advirtió en Davos— a una era de competencia abierta entre potencias, donde los consensos pesan menos que la capacidad de imponer intereses económicos, tecnológicos y militares. Estados Unidos, China y Rusia siguen marcando el ritmo, pero ahora con menos disposición a ceder terreno y hacer compromisos duraderos.
Esta competencia reduce el margen de maniobra y obliga a los Estados a decidir con mayor cálculo en un entorno fragmentado e incierto. Cada alineación, cooperación o resistencia tiene costos, y cada movimiento de las grandes potencias redistribuye poder y expone vulnerabilidades. Así, los países que no actúen con realismo pragmático quedarán atrapados en dependencias económicas, tecnológicas o políticas que erosionarán su capacidad de decisión y autonomía.
En este nuevo escenario, los bloques regionales ya no operan como antes. Pertenecer a una región dejó de garantizar alianzas naturales o beneficios compartidos. Mientras el discurso sigue apelando a la integración, los países –en particular las potencias– están tomando decisiones de suma cero para asegurar recursos estratégicos y reducir dependencias. La lógica es proteger empleos, industrias clave y seguridad nacional, incluso a costa de sus socios estratégicos.
Estados Unidos ilustra esta lógica. Mientras resguarda cadenas de producción regionales, impulsa simultáneamente la repatriación de inversiones y procesos productivos ubicados en México y otras regiones, mediante incentivos fiscales y financieros orientados a concentrar empleos, industria y valor agregado dentro de su territorio, en respuesta a presiones electorales y sociales.
Esta dinámica es relevante de cara a la revisión del T-MEC en 2026. Aunque el tratado se presenta como una plataforma para competir como bloque, su relevancia depende de que no entre en conflicto con las prioridades internas de Estados Unidos. La experiencia sugiere que, para Washington, los acuerdos comerciales operan como instrumentos flexibles, subordinados a consideraciones de seguridad nacional, política y economía interna. El T-MEC podrá subsistir, quizá más debilitado, bajo una lectura estricta del interés nacional estadounidense y una asimetría de poder explícita.
Para México esa asimetría se traduce en una desventaja. A las presiones externas se suman debilidades internas que pesan en cualquier decisión de inversión: un sistema de justicia politizado y débil, infraestructura deficiente, altos niveles de inseguridad y corrupción, presencia del crimen organizado y una creciente distancia ideológica con Washington. Ello reduce su atractivo justo cuando la competencia por atraer inversiones se intensifica y lo coloca en desventaja frente a otros destinos y frente a un Estados Unidos dispuesto a respaldar activamente la relocalización de producción e industrias estratégicas.
Por eso México no puede separar su política exterior de la interna. En un entorno internacional marcado por el interés nacional y la negociación dura, debe prevalecer el pragmatismo sobre la ideología. El reto no está sólo en preservar el tratado, sino en generar las condiciones para que el país se vuelva más competitivo ante los nuevos desafíos y un entorno internacional complejo, ofreciendo estabilidad, reglas claras, confianza, seguridad y mejores oportunidades que generen bienestar para sus ciudadanos.
