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Elección de 2027 en Guerrero podría tener injerencia del crimen organizado

Acapulco, Gro.- A 10 meses del proceso electoral 2027, para renovar ocho diputados federales, 46 diputados locales, de los cuales 28 diputados serán electos por el principio de mayoría relativa (votación directa en distritos locales) y 18 diputados serán designados mediante el principio de representación proporcional (plurinominales), además de 85 presidencias municipales, la guerra interna entre los aspirantes de Morena se ha agudizado por el derroche de recursos utilizados sin saber de dónde provienen.

Lo que alerta a la población es el constante desplazamiento forzado en comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, extendiéndose hasta la sierra de la capital, Chilpancingo, no solo por los ataques armados con drones y explosivos llevados a cabo por parte del grupo criminal “Los Ardillos”, sino porque también han implementado la práctica de la “tierra quemada”.

Consultado al respecto, el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina advirtió que Guerrero está en una condición de sospecha:

“Yo creo que Guerrero es uno de los estados que está viviendo un problema más serio de injerencia del crimen organizado en la vida pública, porque hay evidencia de que hay municipios donde el crimen organizado está haciéndola de gobierno, facilitando, por decirlo entrecomillado, trámites públicos, permisos para construcción y permisos de tránsito para el transporte”, aseguró.

Principalmente “en el corredor que va de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Tlapa… hay muchas narraciones respecto de la injerencia del crimen organizado en el control de toda la zona territorial y administrativamente hablando”.

Desde 2021 hay evidencias de que hubo dinero ilícito presuntamente del crimen organizado en los procesos electorales, esto se refleja en los resultados electorales pues “hay ciertos saltos que no se explican sino es por una injerencia extraelectoral”.

Citó los comicios de este año en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco, donde hubo “ciertos resultados electorales que tú podías esperar que pudiera ganar el actual gobernador o gobernadora, pero por 3 o 4 puntos, no por 7, 8, 9, y esas diferencias se explican en muchas ocasiones por la actuación de agentes que pudieran ser del crimen organizado, que inhibieron ciertas conductas o incidieron en determinados lugares de cierta manera para inhibir al electorado o para propiciar, con amenazas, que el electorado se inclinara por tal o cual candidato”.

Hay funcionarios de gobierno que se han beneficiado del huachicol fiscal, “a mí no me toca probarlo, me toca señalar que ahí hay indicios”.

Sinaloa es el caso más claro, con el coordinador de campaña del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien hoy es gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y con el dirigente del partido en ese entonces, que es el actual secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo.

Pero como la impunidad está vigente será difícil que las autoridades tanto judiciales como electorales actúen conforme a la ley, ya que tanto el INE como el Trife están cortados a la medida para proceder.

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