Con frecuencia se olvida que uno de los combustibles de la violencia es la corrupción.
Se presentó el estudio de Transparencia Internacional 2025 que mide la situación de los países y estamos en la zona inferior, por debajo de Pakistán, empatados con Camerún y apenas por arriba de Guatemala.
Hay que señalar que Malí, Liberia e Irak tienen una percepción ligeramente mejor a la nuestra, aunque quizá hay que celebrar que no estemos en el sótano como Sudán del Sur, Somalia y Venezuela.
¿Qué está ocurriendo? En buena medida, que las políticas para erradicar la corrupción no han sido las adecuadas, porque suele imperar la impunidad que se garantiza por la pertenecía a algún grupo de influencia o partido político.
El Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó para modificar la cultura y el comportamiento en las instituciones públicas, vive ahora sus horas más bajas y no hay señales de que se pueda recuperar, es más, hay planes de mejor hacer otra cosa.
Se dejó en el abandono, de igual forma, todo el esfuerzo institucional para instrumentar y mantener un verdadero servicio profesional de carrera.
Transparencia Internacional advierte que “durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado se infiltre en la política en países como Colombia, México y Brasil, afectando la vida de las personas”.
A ello hay que añadir que se está haciendo peligroso, “que ciudadanos, ONG y periodistas cuestionen los abusos del poder, lo que reduce la transparencia y la rendición de cuentas y ello facilita el florecimiento de la corrupción”.
Es como una habitación en la que había luz y se apaga paulatinamente, aumentando las zonas sombrías.
La de la corrupción, y sus dificultades para erradicarla, es una de las agendas pendientes desde hace décadas.
La diferencia radica, ahora, en que los organismos autónomos que ayudaban a propiciar mejores prácticas ya desaparecieron.
El Inai es el ejemplo más notable de esta situación. El objetivo de desaparecerlo se sustentó, de modo falaz, en la supuesta ausencia de eficacia para combatir la corrupción y ahora no tenemos quien garantice el acceso a la información pública y tampoco eficacia para desterrar las malas prácticas en la burocracia. Y sí, estamos en la tabla baja de Transparencia Internacional y ahí seguiremos hasta nuevo aviso.
