Mientras en EU documentan y sentencian abusos sistemáticos de Naasón Joaquín, en México la Fiscalía opta por no procesarlo "por falta de evidencia"
Mientras en EU documentan y sentencian abusos sistemáticos de Naasón Joaquín, en México la Fiscalía opta por no procesarlo "por falta de evidencia"

La Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal, por las acusaciones de abuso sexual, trata de personas y delitos financieros, que pesaban desde 2019 contra Naason Joaquín García, líder de la Luz del Mundo y miembros de su círculo cercano, incluidos familiares, ministros y presuntos aliados políticos.
La decisión de la Fiscalía, basada en que no había evidencias suficientes, ha provocado una fuerte reacción entre sobrevivientes de presuntos abusos y organizaciones civiles, quienes acusan que el caso podría quedar en la impunidad.
Mientras en Estados Unidos el líder de la organización religiosa fue condenado y enfrenta nuevas acusaciones por cientos de víctimas de abuso sexual, en México el expediente que buscaba investigar una red de delitos graves —incluyendo abuso sexual, trata de personas y operaciones financieras ilícitas— ha sido archivado por “falta de evidencia suficiente”.
En Estados Unidos, el caso contra Naasón Joaquín García no solo avanzó, sino que se convirtió en un referente sobre abuso estructural dentro de organizaciones religiosas.
En 2022, el líder de La Luz del Mundo se declaró culpable de cargos relacionados con abuso sexual de menores en una corte de California. La sentencia —más de una década de prisión— fue resultado de una investigación que incluyó testimonios de múltiples víctimas, evidencia digital de pornografía infantil y una reconstrucción del modus operandi dentro de la iglesia.
Más aún, en años recientes han surgido nuevas denuncias civiles en territorio estadounidense que apuntan a una red más amplia de encubrimiento, coerción y explotación sexual. Documentos judiciales y reportes periodísticos han señalado que los abusos no eran hechos aislados, sino parte de una estructura jerárquica donde la obediencia al líder se utilizaba como mecanismo de control.
En contraste, en México —país de origen de la organización y donde concentra buena parte de sus fieles— el caso se desmoronó en la etapa de investigación.
El problema, señalan organizaciones civiles, es que esa conclusión llega en un contexto donde múltiples víctimas han denunciado dificultades para acceder a la justicia, miedo a represalias y falta de acompañamiento institucional.
Diversas sobrevivientes en México han expresado públicamente su indignación ante la decisión de la FGR. En entrevistas con medios nacionales e internacionales, han descrito un patrón que coincide con lo documentado en Estados Unidos.
En los entornos de la secta se señala por parte de las víctimas un esquema recurrente que incluye el reclutamiento de jóvenes dentro de la iglesia para ser convertidas en esclavas sexuales desde muy temprana edad; asimismo, se ha demostrado que se ha hecho uso de la figura espiritual del líder para justificar abusos mediante presiones psicológicas y amenazas para evitar denuncias.
Algunas de ellas han señalado que, ante la falta de avances en México, optaron por buscar justicia en el extranjero o colaborar con investigaciones fuera del país. “En México nos dijeron que no había pruebas. En Estados Unidos nos creyeron”, sintetizó una de las denunciantes en un testimonio difundido por la prensa.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el cierre del caso envía un mensaje preocupante: que las estructuras de poder —religioso, político o económico— pueden obstaculizar el acceso a la justicia.
Reportes periodísticos han documentado presuntos vínculos de integrantes de La Luz del Mundo con figuras políticas y espacios de influencia pública, lo que ha generado cuestionamientos sobre la profundidad real de las indagatorias.
En México, organizaciones y colectivos han anunciado que insistirán en la reapertura del caso, así como en la revisión de la actuación de las autoridades.
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