La exalcaldesa de Álvaro Obregón afirmó que el Programa de Ordenamiento Metropolitano permitiría al gobierno obligar a vender inmuebles
La exalcaldesa de Álvaro Obregón afirmó que el Programa de Ordenamiento Metropolitano permitiría al gobierno obligar a vender inmuebles

El Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México representa una amenaza contra el derecho a la propiedad privada y el patrimonio de miles de familias, al facultar al gobierno para declarar inmuebles como “subutilizados” y obligar a sus dueños a venderlos mediante subasta pública, alertó la exalcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.
En entrevista para el podcast Conversaciones para decidir con libertad de La Aurora,conducido por Pablo Hiriart y Julián Andrade, explicó que el gobierno pretende atribuirse la facultad discrecional de determinar qué bienes están “subutilizados” o en “desperdicio urbano”.
Bajo este esquema, comentó, si un propietario no edifica en un terreno baldío en un lapso de dos a cuatro años, la autoridad podrá forzar su venta al mejor postor: “Eso equivale a obligarte a venderlo lo más barato posible. Ya no es propiedad privada, sino semiprivada bajo vigilancia del gobierno”, enfatizó.
La exalcaldesa advirtió que la vaguedad del término abre una “caja de Pandora” que vulnera las garantías patrimoniales tanto de quienes viven de sus rentas como de familias que conservan su única vivienda.
Puso como ejemplo casos de viudas que habitan casas grandes, familias con juicios sucesorios pendientes o ciudadanos que ahorran para construir a futuro, quienes quedarían desprotegidos ante la voracidad gubernamental.
A la par de la subasta forzosa, agregó, el programa pretende fijar topes máximos a los precios de venta de inmuebles según la zona, rompiendo con el libre mercado y la ley de oferta y demanda.
Además, se suma la reciente reforma aprobada en el Congreso para incrementar el impuesto predial y aplicar un nuevo gravamen del 1 por ciento sobre el valor comercial de predios considerados en “desperdicio urbano”.
Para Limón, este embate contra los propietarios responde a un cálculo electoral y recaudatorio para financiar esquemas clientelares: “Ya no saben de dónde sacar dinero para repartir abajo y buscan cargárselo a quienes consideran que no votan por ellos, quitándoles su patrimonio”, apuntó.
Más adelante, comparó este tipo de medidas con regímenes en Cuba y Venezuela, donde el Estado tomó el control de viviendas e inmuebles deshabitados sin juicios previos.
Asimismo, alertó que la medida abre un peligroso margen para la corrupción, la extorsión y el despojo legalizado. “Si a un funcionario le gusta tu propiedad o la considera subutilizada, puede forzar su subasta. Es una forma de legalizar la invasión y quitarte el derecho a la propiedad que construiste con el esfuerzo de toda una vida”, señaló.
Sobre la vía legal de defensa, lamentó el estado de indefensión en que se encuentran los ciudadanos frente a un Poder Judicial debilitado y cooptado.
Finalmente, criticó la contradicción de impulsar planes de cambio de uso de suelo e incremento de pisos sin garantizar servicios básicos de infraestructura. Aclaró que, aunque no se opone a la densificación urbana, no se puede autorizar mayor construcción en una metrópoli con 11 de 16 acuíferos en déficit y con una red de drenaje obsoleta que lleva décadas sin renovarse.
El programa se encuentra en consulta pública hasta el 22 de noviembre, periodo en el que Limón llamó a la ciudadanía a defender su patrimonio ante lo que calificó como una atrocidad legal e ideológica contra la propiedad privada.
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