Entre los nuevos sancionados figuran Miguel Díaz-Canel; su esposa, Lis Cuesta Peraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; así como Alejandro Castro Espín y otros familiares del histórico dirigente cubano
El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones financieras contra integrantes de la élite política y militar de Cuba, entre ellos el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y miembros de la familia del exmandatario Raúl Castro, en una medida que profundiza la estrategia de presión de Washington sobre La Habana.
Las sanciones fueron impuestas por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense encargado de administrar y hacer cumplir los regímenes de sanciones económicas de ese país.
Entre los nuevos sancionados figuran Miguel Díaz-Canel; su esposa, Lis Cuesta Peraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; así como Alejandro Castro Espín y otros familiares del histórico dirigente cubano, entre ellos Raúl Alejandro Castro y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de acuerdo con reportes internacionales.
Las medidas implican el congelamiento de cualquier activo que los sancionados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones y relaciones comerciales con ciudadanos y entidades de Estados Unidos.
Además de los individuos señalados, Washington incorporó a su lista negra a instituciones consideradas pilares del sistema político cubano, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organizaciones con amplia presencia en la estructura de control territorial y político de la isla.
La decisión se produce en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. En los últimos meses, la Casa Blanca ha impulsado nuevas restricciones económicas, acciones judiciales y medidas dirigidas contra empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA, considerado uno de los principales centros de poder económico del país caribeño.
Las nuevas sanciones llegan cuando Cuba enfrenta una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas, caracterizada por escasez de combustibles, apagones recurrentes, inflación y un creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos y otros países de la región.
Washington sostiene que las medidas buscan responsabilizar a los altos funcionarios cubanos por violaciones a derechos humanos y por el control político ejercido sobre la población. Por su parte, el gobierno cubano ha denunciado históricamente que las sanciones y el embargo económico constituyen una política de asfixia económica que vulnera su soberanía nacional.
La OFAC es la oficina del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de aplicar sanciones económicas y financieras contra gobiernos, organizaciones e individuos que Washington considera una amenaza para sus intereses de seguridad nacional o política exterior. Sus decisiones pueden bloquear activos, restringir operaciones financieras internacionales y limitar el acceso al sistema bancario estadounidense.
Con esta nueva ronda de medidas, Estados Unidos amplía el cerco sobre el círculo más cercano al poder en Cuba y eleva la presión sobre una dirigencia que enfrenta simultáneamente desafíos económicos internos y un creciente aislamiento financiero internacional.
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