Extraña, sin duda, la actitud de la presidenta: se destituye a Marx Arriaga por orden o con anuencia suya, y, después de que el destituido se atrinchera en las que eran sus oficinas negándose a entregar el cargo, le prodiga una lluvia de elogios, sólo superada por el diluvio de loas que la esposa del expresidente derrochó en su honor cuando fue designado titular de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En el Libro sin recetas para la maestra y el maestro, elaborado por el equipo del pequeño Marx, se aplaude el secuestro, uno de los crímenes más devastadores y repugnantes, como una forma de lucha para la revolución. Si se alaba ese crimen, se está justificando cualquier atrocidad que se realice siempre y cuando vaya encaminada al objetivo revolucionario.
Pues bien, de acuerdo con denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la SEP, en la dirección a cargo de Marx Arriaga cotidianamente se exigían altas sumas de dinero para poder acceder a un empleo o para conservarlo. Los denunciantes señalan que para obtener una plaza laboral o para evitar ser despedidos tenían que soportar la extorsión (Excélsior, 16 de febrero).
Los denunciantes tienen en su poder copias de comprobantes de mensajes de WhatsApp y depósitos por diversas cantidades proporcionadas a través de personas de confianza tanto de Arriaga como de Sady Arturo Loaiza Escalona, titular del área de Desarrollo e Innovación y excolaborador de la dictadura de Nicolás Maduro.
Los testimonios aseguran que se institucionalizó el derecho de piso en la Dirección de Materiales Educativos porque–aducían los extorsionadores– ese dinero era necesario para la lucha, para la causa, para apoyar la revolución educativa. Ya entendí: si el secuestro es aplaudido en los bodrios engendrados bajo la guía de Arriaga siempre y cuando su objetivo sea revolucionario, las extorsiones se valían si con ellas se apoyaba la revolución educativa.
Las exigencias llegaban a ser hasta de 50 mil pesos. En una de las conversaciones de WhatsApp un trabajador pregunta: “¿Puedo transferir 38 ahorita y los otros 6,200 el viernes que caiga el de marzo?... Ahorita que estaba haciendo la transferencia me di cuenta que ya me cobraron mi mensualidad de mi tarjeta de crédito y desacompleté febrero”.
Los castigos por no pagar eran ineludibles. Los que no pagaban eran calificados de neoliberales y sometidos a aislamiento laboral, o enviados a trabajar en bodegas situadas fuera de la Ciudad de México. Sobre ellos pendía, además, la amenaza del despido.
Cuando López Obrador comentó en una mañanera la ilegal entrega de dinero que se le hizo a su hermano Pío, exhibida por Latinus, la justificó diciendo que esa cantidad era para el movimiento. Es lo mismo que se arguye respecto de los secuestros referidos en el Libro sin recetas y que se argüía, según los denunciantes, en el caso de las extorsiones en la dirección comandada por Marx Arriaga.
Pero la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión señala en su artículo 15 que a quien obligue a otro sin derecho a dar algo obteniendo para sí o para otro un lucro, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y multa de 300 a 500 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Sin embargo, a pesar de que la extorsión es un delito muy grave, el peor crimen de Marx Arriaga y su equipo son los bodrios que engendraron –con alevosía y ventaja y a traición– para los niños y los adolescentes de las escuelas de educación básica.
