El sindicato patronal urgió al Poder Legislativo a establecer controles judiciales previos y plazos máximos para evitar el uso discrecional de estas medidas
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El sindicato patronal urgió al Poder Legislativo a establecer controles judiciales previos y plazos máximos para evitar el uso discrecional de estas medidas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una advertencia sobre las implicaciones del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual permite el bloqueo de cuentas bancarias sin control judicial previo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según el organismo, esta decisión debilita el Estado de derecho, genera incertidumbre jurídica y eleva los riesgos para la inversión nacional y extranjera.
Para el sindicato patronal, la resolución de la Corte no pone fin al debate, sino que traslada una responsabilidad urgente al Poder Legislativo. La Coparmex señaló que es imperativo que los legisladores definan criterios claros para justificar un bloqueo, y estos deben evitar que la medida se tome de forma arbitraria bajo conceptos ambiguos.
Igualmente, deben determinar la duración de la medida cautelar, así como implementar un control judicial previo de al menos seis horas y obligar a la autoridad a sustentar la medida en un plazo no mayor a 15 días.
La organización alertó que el bloqueo de cuentas, incluso de carácter preventivo, tiene consecuencias devastadoras para la operatividad de las empresas. Al restringir el acceso a recursos, se pone en jaque el pago de nóminas a trabajadores, el cumplimiento con proveedores y el servicio de créditos, arriesgando directamente la supervivencia de los negocios y los puestos de trabajo.
“Cuando el acceso a los recursos puede restringirse sin controles judiciales definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta la estabilidad económica y contraviene el artículo 14 constitucional”, afirmó la Confederación en un comunicado.
La Coparmex subrayó que este cambio de criterio —que abandona precedentes anteriores de la Corte— ocurre en un momento crítico ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Apuntó también que la falta de contrapesos y la posibilidad de afectar activos sin orden judicial previa elevan la percepción de riesgo país.
“La inversión depende de la certeza. Decisiones que debilitan la protección de activos reducen la disposición para invertir en México”, sentenció el organismo.
Finalmente, el sector patronal pidió mayor transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades por parte de las autoridades, así como la creación de un régimen de responsabilidad para reparar afectaciones en casos donde los bloqueos resulten infundados.
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