Farías Laguna valora pedir asilo político en EU, informa su abogado

El contralmirante Fernando Farías, acusado de dirigir la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, solicitó formalmente asilo político al gobierno del presidente argentino Javier Milei y explora la ruta para presentar una petición similar a la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

La estrategia legal busca trasladar el caso a un plano internacional, bajo el argumento de que la vida de Farías enfrenta un riesgo real en México, donde se registra una cadena de asesinatos y muertes relacionadas directamente con el caso, además de que no hay condiciones para un juicio imparcial.

Fuentes consultadas por La Aurora de México comentaron que el huachicol tiene una dimensión trasnacional por el flujo de contrabando de combustibles desde Estados Unidos. Esta conexión con actos de corrupción en las aduanas y puertos mexicanos también podría ser de interés en aquel país.

Sin embargo, aclararon que todavía no se ha concretado ninguna gestión formal ante autoridades estadounidenses, pero sí está en el interés de la defensa la posibilidad de hacerlo.

Farías cuenta con representantes legales en México y en Argentina, donde fue detenido en el 23 de abril en Buenos Aires, tras ingresar por Colombia con pasaporte guatemalteco a nombre de Luis Lemus Ramos.

Recientemente fue trasladado de una comisaría a un centro penitenciario, donde se encuentra en un módulo exclusivo.

Consultado sobre la solicitud de asilo en Estados Unidos, el abogado defensor Epigmenio Mendieta confirmó que se analiza la vía jurídica que pueda llevar a presentarla.

“Él no tiene ningún delito, tampoco orden de detención en Estados Unidos, entonces no podría ser mediante la figura de extradición, en ese caso (asilo político) tenemos algunos acercamientos, pero nada formal aún”.

El penalista manifestó que lo que ya se concretó en Argentina fue la petición debidamente formulada de asilo político, exponiendo los argumentos para que pueda ser concedida, pues en México es inminente que su vida corre peligro y no enfrentaría un proceso justo.

Dijo que sobra evidencia de personas que han perdido la vida por este caso.

La administración del presidente Javier Milei rechazó conceder a México la expulsión o deportación del contralmirante Farías.

Por ello, el gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tiene hasta el 21 de unió próximo para presentar formalmente a Argentina la solicitud de extradición.

Al respecto, Mendieta afirmó que las autoridades mexicanas deben hacer llegar las pruebas que acreditan el principio de doble incriminación, es decir que los delitos que se le atribuyen a Fernando (delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos) exista con la misma naturaleza penal en la legislación argentina.

Funcionarios de la FGR dijeron que analizan meticulosamente el expediente para enviar una solicitud de extradición sólida antes de que finalice el plazo legal.

Manifestaron que se trata de evitar un revés como sucedió en octubre de 2022 en Chile, donde la Corte Suprema rechazó de manera definitiva la petición de las autoridades mexicanas de extraditar al exdiputado federal y exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo.

El exfuncionario ingresó a territorio chileno en agosto de 2021 y argumentó ser víctima de persecución política, después de ser desaforado y acusado de enriquecimiento ilícito por 14 millones de pesos.

La extradición naufragó debido a la falta de concordancia técnica en el delito imputado. En Chile dicho ilícito se sanciona con una multa y no con pena de cárcel.

Aunque el proceso se dirimió a través de la FGR y la SRE, fue la entonces fiscal general de Justicia de la Ciudad de México -ahora titular de la Fiscalía General de la República-, Ernestina Godoy Ramos, quien llevó el caso contra Toledo.

El 20 de abril de 2021, ante la resistencia de Morena y legisladores del PT, como Gerardo Fernández Noroña, para retirar la inmunidad procesal al exdelegado de Coyoacán, Godoy Ramos, acusó en una carta que el desinterés de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados -que presidía Pablo Gómez, en torno a Toledo, generaba “la persistencia de la impunidad” y “de la corrupción”.