Carlos Alberto Torres también estaría implicado en un grupo que traficaba armas, dice una carpeta de investigación
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Carlos Alberto Torres también estaría implicado en un grupo que traficaba armas, dice una carpeta de investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra una presunta red de delincuencia organizada vinculada al tráfico de armas y operaciones de lavado de dinero, en la que figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de acuerdo con información obtenida en una carpeta de investigación iniciada en junio de 2025.
De acuerdo con un reportaje de N+, Torres Torres —quien se desempeñaba como coordinador de proyectos estratégicos en el gobierno estatal— y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, fueron señalados en denuncias como presuntos extorsionadores, además de que este último habría fungido como líder de una red que canalizaba recursos ilícitos mediante empresas y apoyos a campañas políticas.
La carpeta de investigación, abierta el 11 de junio de 2025 a partir de una denuncia formal, señala que Carlos Torres presuntamente recibía pagos mensuales de hasta 150 mil dólares del entonces secretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, a cambio de permitir la operación del grupo criminal conocido como “el Cártel de los Rusos”, una facción del Cártel de Sinaloa, en la entidad.
Según el documento ministerial citado por N+, la red también habría intervenido en aduanas de Baja California para retener mercancías y exigir pagos millonarios por su liberación, y parte de los recursos obtenidos se habría destinado a la adquisición de bienes raíces en Estados Unidos.
Entre los funcionarios mencionados como sujetos de investigación en la misma carpeta se encuentran Gustavo Santos Hernández, director del SAT en Baja California; Juan Manuel Quiñones Espinosa, director de auditoría; Omar Vicente Franco, director de auditoría de comercio exterior; el senador y exalcalde de Ensenada Armando Ayala Robles; así como Arnulfo Guerrero León, secretario de Gobierno de Tijuana.
Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre imputaciones formales ni resoluciones judiciales derivadas de esta investigación, que continúa en etapa de integración.
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