Francisco Garduño Yáñez sorteó sus dificultades legales por la muerte de 40 personas y lesiones de graves de otras 27, provocadas por un incendio, en marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde las víctimas se encontraban encerradas en una jaula.
La imputación en su contra se debió a que era el titular del Instituto Nacional de Migración y, como tal, tenía la obligación de que a los viajeros se les tratara con dignidad, más allá del estatus de estancia con el que contaran en México.
Los migrantes detenidos no pudieron salvarse, una vez que se desató el fuego, porque la puerta estaba cerrada con un candado y no había quien tuviera llave en ese momento.
Un juez dio por concluido el proceso, correspondiente a la causa penal 237/2023, este lunes, al considerar que se cumplió con la reparación del daño y la disculpa pública.
El gobierno tuvo que desembolsar 246 millones de pesos como pago a las víctimas y como parte de un acuerdo para que se desistieran de acciones legales posteriores.
La muerte por fuego y asfixia de cuatro decenas de seres humanos fue un escándalo incluso para los parámetros actuales, en los que los servidores públicos “favoritos” cuentan con toda la protección del caso.
Los antecedentes de Garduño Yáñez ya eran dudosos desde 2002, cuando el presidente Vicente Fox se negó a que fuera designado jefe de la Policía del Distrito Federal.
En aquel año, la decisión sobre secretario de Seguridad y procurador de justicia era compartida, por ley, entre el titular del Poder Ejecutivo y el jefe de Gobierno de la capital del país.
Andrés Manuel López Obrador, que entonces despachaba en el Palacio del Ayuntamiento, trató de colocar a Garduño luego de la renuncia de Leonel Godoy, ocurrida en los primeros días de febrero de ese año. Godoy se incorporó al equipo de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán.
Los argumentos públicos de la Presidencia de la República para impedir el nombramiento de Garduño Yáñez se centraron en que se requería un perfil técnico y apartidista para enfrentar la crisis de seguridad que padecía el Distrito Federal.
Los motivos más contundentes estaban en expedientes y reportes del CISEN que advertían sobre los riesgos de la llegada de Garduño Yáñez al mando de la policía preventiva más grande del país.
López Obrador optó por no insistir y nominó a Marcelo Ebrard, quien asumió funciones el 19 de febreros de 2002.
Garduño Yáñez, desde esos días, era ya uno de los funcionarios más cercanos a López Obrador, y lo sigue siendo. 246 millones de razones lo comprueban.
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