En medio de la airada reacción del presidente Donald Trump a la decisión de la Suprema Corte de Justicia que invalidó los aranceles globales establecidos en 2025 bajo la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales, dado que la atribución es del Congreso y no del Ejecutivo y la imposición de un nuevo arancel de 10% a las importaciones provenientes de todos los países, excepto las realizadas bajo las reglas del TMEC, se dieron a conocer algunas cifras de la relación comercial México-EU en 2025.
En ese año México exportó 664 mil 837 millones de dólares (mdd) e importó 664 mil 066 mdd; 4/5 partes de la exportación total fueron al vecino del norte y 2/3 partes de las importaciones totales provinieron de EU. Sin considerar petróleo, 84% de lo exportado se dirigió al mercado estadounidense. Estos datos hablan de la estrecha relación comercial y la interdependencia entre ambas economías y por ello se considera que si crece la economía del norte, especialmente la manufactura, la mexicana seguirá esa tendencia. Además, pese a los avatares de las negociaciones comerciales realizadas y las presiones y declaraciones de Trump, ha habido anuncios de que al país le ha ido bien, o al menos no tan mal como a otras economías.
No obstante, en 2024 la economía de EU creció 2.8% y la mexicana 1.1%; el año pasado Estados Unidos creció 2.2%, (menos que el año previo por el cierre gubernamental) y México solamente 0.7%, lo que refleja que la dinámica comercial no ha impedido que la economía mexicana siga estancada, por lo que es necesario insistir en revisar el entorno nacional para entender el nulo crecimiento.
No es la primera vez que las razones para que no haya inversión y crecimiento se identifiquen y coincidan con hechos y decisiones internas, sobre todo de gobierno. Políticas que profundizaron la caída de la inversión se justificaron por el combate a la inflación o por alcanzar un superávit primario y mantener un cierto equilibrio fiscal, o bien, cambios en las reglas del juego como el conjunto de reformas heredadas a la presente administración, que afectaron el orden institucional, debilitaron el Estado de derecho y generaron incertidumbre. Es necesario reconocer este hecho para establecer una nueva ruta que permita recuperar la confianza, dar certidumbre e impulsar una cooperación funcional entre el sector público y el privado que conlleve una alineación de intereses para garantizar una mayor dinámica de crecimiento.
