La tercera edición de El Negocio de la Militarización revela que la SEMAR registró en 2023 un sobreejercicio equivalente al 37% de su presupuesto, mientras que la Sedena ejerció en 2024 un gasto neto 111% superior al aprobado
Las Fuerzas Armadas mexicanas no sólo concentran cada vez más recursos públicos, sino que también administran un creciente conglomerado de empresas estatales que muestran señales de ineficiencia financiera, dependencia de subsidios gubernamentales y elevados niveles de opacidad presupuestaria, advierte México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
De acuerdo con la tercera edición del informe El Negocio de la Militarización: Opacidad, Poder y Dinero, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) controlan actualmente 25 empresas de participación estatal mayoritaria y administran fideicomisos públicos por más de 87 mil millones de pesos, en un contexto marcado por sobreejercicios presupuestales, reasignaciones discrecionales de recursos y mecanismos de fiscalización cada vez más limitados.
El estudio sostiene que el poder económico acumulado por las Fuerzas Armadas ha dejado de ser un efecto secundario de la política de seguridad para convertirse en una estrategia deliberada de expansión institucional que amenaza el equilibrio entre autoridades civiles y militares.
Los datos recopilados por MUCD muestran que la SEMAR registró en 2023 un sobreejercicio equivalente al 37% de su presupuesto, mientras que la SEDENA ejerció en 2024 un gasto neto 111% superior al aprobado originalmente por el Congreso. En ambos casos, partidas que iniciaron el año sin asignación presupuestaria terminaron absorbiendo miles de millones de pesos mediante modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscal.
Para la organización, estas cifras evidencian una brecha creciente entre lo que aprueba la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y lo que finalmente decide gastar el Ejecutivo Federal.
El informe documenta además que la desaparición de mecanismos de transparencia coincidió con un incremento en el uso de fideicomisos, gastos extrapresupuestarios y transferencias internas difíciles de rastrear, lo que ha convertido al gasto militar en uno de los rubros menos transparentes de la administración pública federal.
Entre 2006 y 2026, el presupuesto aprobado para la SEDENA creció a una tasa promedio anual de 7.9%, mientras que el de la SEMAR aumentó 6.5% por año. Ambos incrementos superan ampliamente el crecimiento promedio del gasto federal total, que fue de apenas 3.4%.
En términos reales, la SEDENA pasó de recibir 69 mil 230 millones de pesos en 2006 a un máximo histórico de 286 mil 308 millones de pesos en 2024, lo que representa un incremento acumulado superior al 313 por ciento.
La SEMAR siguió una tendencia similar. Su presupuesto pasó de 24 mil 369 millones de pesos en 2006 a 79 mil 335 millones en 2024, un incremento acumulado de 226 por ciento.
Aunque durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizaron ajustes a la baja para 2025 y 2026, los recursos asignados a ambas dependencias continúan por encima de cualquier nivel observado antes de 2024.
El informe identifica a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica como uno de los principales instrumentos de acumulación de recursos fuera de los mecanismos ordinarios de supervisión presupuestaria.
Al cierre de 2025, la SEDENA administraba cinco fideicomisos con una disponibilidad de 68 mil 155 millones de pesos, mientras que la SEMAR controlaba otros cuatro con recursos por 19 mil 551 millones.
En conjunto, ambas dependencias concentraban 87 mil 706 millones de pesos, equivalentes al 15.8% de todos los recursos manejados mediante fideicomisos sin estructura orgánica en la Administración Pública Federal.
El principal de ellos es el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), que acumuló 52 mil 330 millones de pesos al cierre de 2025.
MUCD señala que este instrumento experimentó un crecimiento extraordinario. Mientras entre 2013 y 2019 mantuvo disponibilidades que oscilaron entre 957 millones y 11 mil 683 millones de pesos, para 2021 alcanzó 82 mil 897 millones, un aumento superior al 8 mil 500 por ciento en menos de dos años.
A ello se suma el Fideicomiso de Administración y Pago 108697, creado apenas en 2024 y que ya concentraba 14 mil 697 millones de pesos al cierre de 2025.
Actualmente la SEDENA coordina el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), Tren Maya y Mexicana de Aviación.
Por su parte, la SEMAR controla 18 Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, TURIIMAR y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
MUCD sostiene que, pese a recibir recursos multimillonarios, prácticamente todas estas empresas presentan indicadores que cuestionan su viabilidad financiera y eficiencia operativa.
Uno de los casos más representativos es el Tren Maya que, durante 2025, obtuvo ingresos propios por apenas 557.8 millones de pesos, equivalentes al 2 por ciento de sus ingresos totales. El restante 98% provino de transferencias gubernamentales por 27 mil 666 millones de pesos. Es decir, prácticamente la totalidad de su operación dependió de recursos públicos.
En el caso de Grupo Mundo Maya, operador de aeropuertos, hoteles, parques y estaciones de combustible, el informe reporta ingresos por 3 mil 591 millones de pesos frente a gastos por 5 mil 676 millones, generando una diferencia superior a los 2 mil millones de pesos.
El AIFA presenta indicadores más favorables, aunque todavía no alcanza autosuficiencia financiera. En 2025 obtuvo ingresos propios por 3 mil 090 millones de pesos, ligeramente por debajo de su gasto devengado de 3 mil 230 millones.
La situación más crítica corresponde a Mexicana de Aviación ya que, en 2024 recibió un presupuesto aprobado de 8 mil 773 millones de pesos, pero únicamente ejerció 125.9 millones, registrando un subejercicio de 98.6%.
Durante 2025 la empresa volvió a mostrar problemas operativos. Aunque inicialmente no contaba con presupuesto aprobado, posteriormente recibió modificaciones por mil 187 millones de pesos y sólo ejerció 142 millones; además, sus ingresos disminuyeron constantemente, pasando de 972 millones de pesos en 2023 a apenas 392.8 millones en 2025.
Las empresas coordinadas por la SEMAR tampoco escaparon a los problemas identificados por MUCD. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec redujo su gasto devengado de 32 mil 590 millones de pesos en 2024 a sólo 3 mil 946 millones en 2025, una caída de 87%.
Las 18 administraciones portuarias registraron ingresos por 18 mil 360 millones de pesos, una disminución de 12.5% respecto al año anterior.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presentó uno de los peores indicadores financieros, pues en 2025 registró un subejercicio de 7 mil 481 millones de pesos, equivalente al 51.3% de su presupuesto modificado.
Al mismo tiempo, sus ingresos reportados cayeron drásticamente, al pasar de un promedio anual de 7 mil 802 millones de pesos entre 2020 y 2023 a apenas 381.9 millones en 2025.
Para MUCD, los hallazgos acumulados durante las tres ediciones de El Negocio de la Militarización permiten concluir que México ha construido un modelo de emprendimiento militar sin precedentes, caracterizado por el control de infraestructura estratégica, empresas públicas, fideicomisos multimillonarios y funciones administrativas que históricamente correspondían a autoridades civiles.
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