Se trata de una de las condenas más altas que ha emitido el Poder Judicial y contrasta con los 475 mil pesos que Pemex obligó a recibir bajo presiones a los deudos de otras víctimas
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Se trata de una de las condenas más altas que ha emitido el Poder Judicial y contrasta con los 475 mil pesos que Pemex obligó a recibir bajo presiones a los deudos de otras víctimas
A 15 años de la explosión de un ducto de Pemex que mató a 30 personas en San Martín Texmelucan, Puebla, un tribunal colegiado ordenó a Inbursa el pago de una indemnización de más de 29 millones de pesos a los deudos de una familia que perdió la vida en el siniestro.
Se trata de una de las condenas más altas que ha emitido el Poder Judicial de la Federación y contrasta con los 475 mil pesos que funcionarios de Pemex obligaron a recibir bajo presiones a los deudos de las víctimas meses después de la tragedia.
Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el 7 de abril de 2026 el recurso de revisión que interpuso la aseguradora, por lo que el fallo se encuentra firme para ejecutarse.
Tras un largo litigio que abarcó las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las víctimas indirectas obtendrán la reparación integral de daño.
Dicha resolución representa un cierre para los familiares de dos adultos y dos menores de edad que fallecieron en la explosión del 19 de diciembre de 2010 en San Martín Texmelucan.
El 17 de febrero de 2026, Inbursa fue notificada de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materias Civil y Administrativa, en las que se ordenó el pago de una indemnización calculada en 29 millones de pesos más penalizaciones e intereses moratorios.
En la demanda que promovieron los deudos, a través de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), quedó asentado que el 19 de enero de 2011 Pemex e Inbursa realizaron una serie de “convenios indemnizatorios”, uno de ellos con la familia de un matrimonio y sus dos hijos que murieron en la explosión.
Sin embargo, se expuso que los representantes se aprovecharon del estado emocional y vulnerabilidad de los parientes de las cuatro víctimas mortales, quienes en ese momento no contaban con asesoría legal y se encontraban en estado de indefensión.
Además, fueron presionados para recibir 475 mil 726 pesos por concepto de indemnización, correspondiente solo a una de las cuatro personas que perdieron la vida.
Pemex tenía entonces un contrato de Seguro por Responsabilidad Civil con Inbursa bajo la póliza 25200-30002915 con vigencia del 20 de febrero de 2009 al 30 de junio de 2011.
Tiempo después, la familia promovió una demanda en la vía ordinaria mercantil en contra de Seguros Inbursa, en el que se reclamaron acciones de indemnización por daño directo, lucro cesante, daño moral (daños punitivos), medidas de rehabilitación y cumplimiento del seguro contratado por Pemex Refinación.
Durante el litigio que se prolongó durante más de seis años desde que la ONRE asumió la defensa, en medio de una serie de amparos y resoluciones, el asuntó llegó hasta la SCJN que resolvió no dar la razón a las codemandadas Pemex y Seguros Inbursa.
En la sentencia, el Poder Judicial Federal determinó que es obligación de las aseguradoras entregar toda la información de una póliza a un tercero dañado, por lo que era procedente la indemnización de más de 29 millones de pesos.
El doctor Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la ONRE, afirmó que el éxito de esta prolongada batalla jurídica consistió en descartar la vía penal para centrarse en una demanda civil de reparación integral del daño.
“Al no buscar cárcel, sino una responsabilidad financiera justa, los elementos de reparación se elevan a estándares internacionales. Este precedente es un llamado para que otras familias de fallecidos y heridos se sumen a la causa.
“El mensaje es claro: a pesar de los cambios de gobierno y de la burocracia de los últimos 15 años, el camino de la responsabilidad civil ofrece una vía real para cobrarle al Estado y a sus aseguradoras”.
Consideró que otras víctimas de la explosión y sus familiares todavía están en posibilidades de demandar a la aseguradora y Pemex, ya que en este caso no opera la prescripción.
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