Concluyó la 89ª Convención Bancaria y como se esperaba, la reunión reflejó la buena relación entre el sector bancario y las autoridades federales. No hizo sombra el señalamiento del Departamento del Tesoro de EU, vía la Red de Control de Delitos Financieros (“FinCEN”), a CI Banco, Intercam Grupo Financiero y Vector Casa de Bolsa, como instituciones responsables de realizar presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con el tráfico de fentanilo y otras sustancias controladas, ni la intervención y quiebra de estas. Tampoco se retomó el reclamo de garantizar el Estado de derecho y la seguridad pública. Lo que se reiteró fue el compromiso de elevar el financiamiento bancario como porcentaje del PIB y facilitar el acceso al crédito a micro y pequeños negocios.
Por su parte, el mensaje presidencial se vinculó con la presentación de la iniciativa de la ley que regulará mecanismos de inversión que fomenten el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública con la participación pública, privada y social. La iniciativa destaca el papel de la inversión privada para ejecutar proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera y atender necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado. Para ello se crearán Vehículos de Propósito Específico, figura que permitirá la colaboración de los sectores público, privado y social, vía fideicomisos, mandatos o sociedades anónimas. Igualmente, se proponen esquemas de participación mixta para proyectos donde compartan riesgos los sectores participantes.
Se trata de una iniciativa atractiva que modifica las capacidades públicas (federal y estatal) para invertir, así como el parámetro que topa el crecimiento del gasto, el gasto corriente estructural (3.9 billones de pesos en 2026), compuesto por el gasto neto total, menos costos financieros, participaciones, adefas, combustibles para generar electricidad, pensiones y jubilaciones de empleados públicos y la inversión física y financiera directa de la APF; ahora se propone excluir también programas sociales universales y constitucionales y los servicios personales en educación, salud y seguridad pública; esto es, sí a la inversión, pero se blinda el crecimiento del gasto discrecional del gobierno federal dirigido a las becas y pensiones que le dan sustento electoral.
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