Sanguinaria. Aparte de una forma de castigar retrasos o reprimir reticencias de las empresas al pago a los cárteles del ‘derecho de piso’, hay indicios de que el secuestro de 10 trabajadores de la compañía minera canadiense Vizsla Silver Corp -y el hallazgo de los restos de algunos de ellos en fosas clandestinas- podrían apuntar además a una forma de injerencia del crimen organizado en el proceso de cambios en las políticas extractivas del gobierno mexicano. Ello, en el marco de los acuerdos anunciados por Washington en materia de explotación de minerales críticos, como parte de la ardua renegociación del T-MEC.
¿Puertas abiertas? De esta manera el complejo político criminal pretendería sabotear los cambios y los arreglos de la presidenta, quien los negó o matizó tras ser dados por consumados por el secretario de Comercio estadounidense y divulgados por la prensa internacional. “El gobierno ha dado pasos que lo alejan de la posición energética y minera del sexenio anterior y estrecha lazos con Washington para la explotación de recursos estratégicos”, informó el sábado la agencia española EFE.
¿Gesta populista o crisis? En este panorama de confusión y en la competencia de algunos medios por exaltar la gestión de la presidenta Sheinbaum, no faltó la portada periodística inclinada a convertir un hecho crítico en una gesta populista: la recuperación por el estado de 200 concesiones mineras de manos de particulares. Pero la misma información presidencial aclara que se trata de devoluciones voluntarias de concesiones inexplotadas. E informaciones de contexto encuadran esas devoluciones en la crisis de los mineros sometidos a dos gravámenes insostenibles, si no se trata de las grandes corporaciones: el pago de ‘derecho de piso’ a los cárteles criminales y el pago de derechos por la concesión al Estado, aunque la empresa no pueda operar por la inseguridad.
