El Órgano de Administración Judicial (OAJ) se instaló formalmente en septiembre de 2025 y, junto con el Tribunal de Disciplina Judicial, sustituyó en sus funciones al Consejo de la Judicatura Federal.
Con un presupuesto histórico (de 59,190,814,696 millones de pesos) que corresponde a 84.5% del total destinado al Poder Judicial de la Federación para 2026 (que es de 70,005,628,646 millones de pesos), el OAJ se ha constituido como el encargado de las tareas de gestión, presupuesto y carrera judicial (por medio de la Escuela Nacional de Formación Judicial).
De acuerdo con la estadística judicial, actualmente el OAJ tiene bajo su cargo a 1572 personas juzgadoras federales: 750 juezas y jueces; y, 822 magistradas y magistrados. Más específicamente: 376 juezas, 374 jueces; y, 350 magistradas y 472 magistrados.
El Órgano de Administración Judicial cuenta con una capacidad operativa distribuida en 429 Juzgados de Distrito, 260 Tribunales Colegiados de Circuito, 133 Tribunales Laborales Federales, 42 Centros de Justicia Penal Federal, 39 Tribunales Colegiados de Apelación y 1 Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
El Órgano de Administración Judicial cuenta con los siguientes órganos auxiliares:
- La Escuela Nacional de Formación Judicial
- El Instituto Federal de Defensoría Pública
- La Contraloría de Administración Judicial
- La Unidad de Peritos Judiciales
- La Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- La Unidad de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- La Unidad de Administración del Tribunal de Disciplina Judicial
- El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
- El Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación
Sirva esta breve explicación acerca de la integración y funcionamiento del OAJ para darnos cuenta de que se le ha dotado de una capacidad operativa y de gestión impresionantes. Es importante tener presente que estamos frente una herramienta administrativa que trata de regular los procesos para, en sus propios términos, hacerlos más eficientes.
En el diseño no parece haber mayores dificultades, sin embargo, hay que tener presente la clásica, y permanente, contradicción entre la norma legislada y la de verdad aplicada. Un primer indicio, quizá apresurado, de la hasta ahora poca capacidad de unidad entre sus integrantes, es la renuncia de Lorena Pérez Romo en enero pasado. Es importante este asunto, pues como hemos señalado líneas arriba, en el diseño, este OAJ tiene una capacidad de gestión y de recursos financieros muy por encima de los presupuestados para el resto de los integrantes del Poder Judicial Federal. Se alude a diferencias entre Pérez Romo y Néstor Vargas Solano, actual presidente del OAJ, lo que revelaría la poca capacidad real de gestión de sus integrantes.
Con el fin de valorar su desempeño, a partir de este lunes 9 de febrero comenzará el proceso de evaluación de los jueces y magistrados electos en junio de 2025. A cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, específicamente de su Unidad de Evaluación y Desempeño Judicial, pondrá a revisión, por medio de diversos mecanismos, la labor de las personas impartidoras de justicia que entraron en funciones en septiembre de 2025. Esta será la primera prueba para todo este aparato administrativo. ¿Qué medidas tomará el OAJ con aquellas personas juzgadoras que no acrediten las evaluaciones? En esta columna nos proponemos darle el debido seguimiento.
