El Tribunal Electoral del Poder Judicial exoneró a Pío López Obrador de cualquier infracción o delito por recibir dinero ilegal, y el hermano del expresidente demandó a Latinus y a Carlos Loret por 200 millones de pesos a cada uno.
Contra lo que todos vimos, Pío sostuvo en un video triunfal que “organismos independientes” confirmaron que fue un “vil montaje mediático” el presentado por Loret en Latinus, donde recibe 400 mil pesos en cash para su hermano Andrés Manuel.
La presidenta sostuvo que “ya dijo el tribunal que no hay ningún delito”.
En paralelo, el SAT quitó la deducibilidad a las aportaciones que reciben un centenar de organizaciones de la sociedad civil, desde Mexicanos Primero, que documenta de manera crítica el uso del presupuesto destinado a la educación, hasta asociaciones de lucha contra el cáncer.
Se trata de una operación de Estado para generalizar la censura e imponer una sola verdad, aunque sea mentira: la del gobierno.
Los dueños de medios de comunicación ya saben que decir una verdad que no sea del gusto del gobierno, es poner la cabeza en la guillotina.
También lo saben los periodistas: pueden acabar en el banquillo de los acusados y los morenistas exhibidos en flagrancia tienen todo a su favor para dejarlos en la calle o ponerlos en la cárcel.
A su servicio tienen al Poder Judicial, al Trife, al SAT y a la presidenta de la República.
¿Quién será empresario de la comunicación que arriesgará todo su patrimonio por publicar información desagradable al gobierno o a algunos de sus bandidos?
Los dueños de medios incondicionales del gobierno reciben contratos y publicidad a destajo y sin reglas.
Y no pocos medios críticos pagan “derecho de piso” al gobierno con espacios a propagandistas del régimen.
La maquinaria de propaganda y censura del gobierno generaliza la idea, en dueños de medios, de que no hay nada qué hacer.
Cuando esa idea permea, el silencio o el aplauso sincronizado ya no lo impone el gobierno, sino el miedo.
La autocensura es la victoria total del censor.
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