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La Coparmex respalda postergar elección judicial, pero exige perfiles técnicos y profesionales

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su respaldo a la iniciativa de reforma constitucional del Gobierno Federal que propone postergar la elección judicial de 2027 a 2028, con el fin de realizarla de manera concurrente con otros procesos electorales.

El sector patronal señaló que esta medida coincide con sus planteamientos previos para evitar riesgos operativos y fortalecer la estructura institucional del país.

Según la Coparmex, la propuesta gubernamental surge tras el proceso judicial de 2025, el cual evidenció graves deficiencias operativas, vacíos normativos, baja participación ciudadana y cuestionamientos en la selección de perfiles. Ante este escenario, la reforma busca simplificar las boletas, reducir el número de candidaturas y homologar los mecanismos de evaluación entre los tres poderes del Estado.

El organismo empresarial enfatizó que la legitimidad del Poder Judicial no debe depender de forma exclusiva de un proceso electoral. La organización empresarial subrayó que México requiere de un sistema de justicia sustentado en cuatro pilares fundamentales: Mérito profesional comprobable, preparación jurídica sólida, Independencia absoluta de los juzgadores profesionalismo en la impartición de justicia.

Igualmente, el sindicato patronal ve con buenos ojos la creación de una Comisión Coordinadora diseñada para unificar los criterios de evaluación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo con el organismo, esta medida representa una oportunidad clave para transparentar los procedimientos y garantizar que se privilegie a los perfiles con mayor experiencia y conocimientos especializados.

Asimismo, Coparmex consideró acertada la propuesta de reducir el número de candidaturas y simplificar las boletas electorales para facilitar el proceso técnico de la votación.

Para que estas modificaciones recuperen con éxito la confianza institucional, el sector empresarial advirtió que el nuevo modelo debe incorporar evaluaciones estrictas de competencias y antecedentes de los aspirantes.

El organismo concluyó que el éxito de la reforma estará condicionado a la existencia de reglas claras de operación, una supervisión ciudadana activa y el respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial.

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