La Corte le dio una carta en blanco a la UIF que pone en riesgo al ciudadano y a la inversión, advierten juristas

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda intervenir cuentas bancarias sin la autorización de un juez despertó diversas críticas y observaciones entre varios expertos consultados y algunos legisladores de oposición consultados por La Aurora de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una “carta en blanco” a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al validar su facultad de bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, por lo que se corre el riesgo de pasar de un Estado de derecho a un Estado de sospecha y abuso de autoridad, advirtieron especialistas.

Roberto Gomar, Doctor en Derecho, afirmó que la decisión de la Corte de autorizar a la UIF el congelamiento de cuentas únicamente con “indicios” de lavado o terrorismo, transforma la relación entre el Estado y los ciudadanos, pasando de un sistema de garantías a uno de “sospecha generalizada”.

“Cualquiera puede ser afectado: no se limita a narcos o criminales, movimientos inusuales pueden ser desde recibir una herencia, vender un bien, recibir remesas o tener ingresos altos pero lícitos. De un día para otro, puedes quedarte sin acceso a tu dinero para pagar renta, comida, servicios o deudas, sin haber cometido ningún delito”.

Consideró que se trata de un retroceso en los derechos fundamentales. “Se sacrifican garantías individuales en nombre de la seguridad, pero sin garantizar que el poder no abuse, y poniendo en riesgo a todos los ciudadanos, no solo a los delincuentes”.

Gomar indicó que al concentrar más poder en una dependencia administrativa sin supervisión judicial independiente, se avanza hacia un modelo donde el gobierno puede intervenir el patrimonio de las personas con mucha facilidad, lo que afecta la libertad, la seguridad jurídica y la confianza en el sistema financiero.

Paulina Creuheras, abogada y consultora en riesgo político de Integralia, dijo que la discrecionalidad que la Corte otorgó a la UIF puede generar incertidumbre en los ciudadanos, empresas e inversión al tener el potencial de afectar el patrimonio de las personas físicas y morales de manera injustificada y arbitraria.

“El riesgo es que es una ‘carta en blanco´ para la autoridad. Una herramienta de este tipo puede ser mal utilizada. Puede servir como arma de presión política, para callar periodistas, para ‘eliminar’ opositores, acallar críticas”.

Comentó que, en teoría, la medida busca acelerar los procedimientos para combate al lavado de dinero y al terrorismo.

“Buscan ahorrarse pasos para aplicar las medidas precautorias de congelamiento evitando obtener orden judicial, ese procedimiento ya es expedito cuando se trata de autoridades extranjeras, en cumplimiento a tratados internacionales, lo que hace pensar que ahora podrían usar esta facultad de manera indiscriminada”.

Francisco Burgoa, catedrático de la UNAM y abogado constitucionalista, aseguró que las mayores facultades a la UIF implican que “pasamos de un Estado de derecho a un Estado de sospecha”.

Cuestionó el aval de la SCJN cuando México ya cuenta con un andamiaje robusto en materia antilavado, alineado con estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Entonces, ¿por qué ampliar facultades? No hay vacío normativo que justifique eliminar el control judicial. El problema en México no ha sido la falta de facultades, sino la debilidad en investigaciones y judicialización. Hoy, gracias a la Corte se opta por una medida más fácil políticamente (bloquear) que más sólida jurídicamente (probar y sentenciar).

Sostuvo que la resolución de la SCJN de empoderar a la UIF sí tiene “justificación” (combate al lavado), pero es constitucionalmente peligrosa porque normaliza afectaciones graves a derechos constitucionales y convencionales sin control judicial previo, amplía la discrecionalidad del Ejecutivo y anula la seguridad jurídica, el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio pro persona y el derecho de propiedad.

"Despropósito de un Estado autoritario"

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve, afirmo que se trata de “un despropósito de un Estado autoritario”. Destacó que esa decisión de la SCJN es parte del sistema autoritario que Morena ha venido confeccionando. “Ya vimos cómo desaparecieron prácticamente la ley de amparo, cómo se apoderó del Poder Judicial, ya sabemos cómo desaparecieron los organismos autónomos”.

Es parte, añadió, de los mecanismos de control que utilizan el gobierno y Morena. Ahora podrán cancelar cuentas bancarias, lo cual es peligroso para la democracia y para un país de leyes. “El PRI nunca estará de acuerdo en crear este tipo de condiciones autoritarias para crear un Estado autoritario”, indicó.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó la resolución de la Corte. “Es un precedente constitucional de mucha importancia”, señaló

“Lo que ocurrió en la Corte es que ha cambiado el criterio constitucional para permitir bloquear e investigar cuentas sospechosas de lavado o de dinero ilícito. No es un fallo sesgado, es una resolución judicial emitida conforme a la ley y a la Constitución”, indicó el morenista.

Por su parte, La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, sostuvo que la determinación de la mayoría de los ministros de la Corte en nada abona a la certeza jurídica del país. “A nadie escapa que quienes desde la Suprema Corte han planteado estas nuevas facultades para la UIF coinciden ampliamente con el gobierno en turno”, destacó.