En los últimos meses, el gobierno federal ha destacado una disminución significativa de los homicidios dolosos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 este delito se redujo en 40%, lo que equivale a 34 homicidios diarios menos y representa el nivel más bajo desde 2016. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025, lo que implica una reducción de 34% entre el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el primero del actual gobierno.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que durante 2024 se registraron más de 33 mil homicidios en el país, lo que significó un ligero aumento respecto a 2023. La tasa nacional se ubicó en aproximadamente 25.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, concentrándose principalmente en entidades como Guanajuato, Estado de México y Baja California. El uso de armas de fuego predominó como método, y actualmente siete estados concentran más de la mitad de los homicidios registrados a nivel nacional.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el gobierno se estructura en varios ejes fundamentales. Entre ellos se encuentra la atención a las causas de la violencia mediante programas sociales y el fortalecimiento económico; la consolidación de la Guardia Nacional para ampliar su presencia territorial; el uso de inteligencia e investigación para desarticular redes criminales; la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, y la implementación de mesas de construcción de paz como espacios de diálogo y acción local.
A pesar de los avances reportados, expertos y organismos internacionales consideran necesario ampliar el enfoque. Proponen reforzar la prevención social y comunitaria a través de programas educativos, deportivos y de desarrollo de habilidades para la vida en comunidades vulnerables. Asimismo, sugieren estrategias de prevención situacional que incluyan el control de armas, una presencia policial disuasiva y la regulación de la venta de alcohol y drogas en zonas de alta incidencia delictiva.
Otro elemento clave señalado es el fortalecimiento del sistema de justicia. Esto implica mejorar los procesos de selección, capacitación y evaluación del personal policial, ministerial y judicial, así como dotar de mayores recursos tecnológicos y financieros a las fiscalías, con el objetivo de reducir la impunidad. De igual forma, se reconoce el papel fundamental de la sociedad civil en la prevención de la violencia, la promoción de una cultura de paz y la exigencia de rendición de cuentas.
El análisis general coincide en que la seguridad ciudadana requiere un compromiso político y social de largo plazo, capaz de atender las múltiples dimensiones del problema. Entre las recomendaciones adicionales se incluyen la creación de unidades especializadas en investigación de homicidios, el desarrollo de programas de prevención prioritaria para adolescentes y violencia doméstica, el uso de modelos policiales orientados a la solución de problemas, la mejora en la calidad de la información sobre homicidios y el fortalecimiento de programas de desarme.
Finalmente, se plantea la posible creación de una Coordinación Nacional Antihomicidios, inspirada en la Conase, que permita articular esfuerzos, homologar protocolos y canalizar recursos. Aunque existen avances, el reto sigue siendo considerable.
