Durante años, México administró el problema de los cárteles dentro de un vocabulario conocido: crimen organizado, captura territorial, corrupción institucional, economías ilícitas, violencia extrema. Ese lenguaje permitía describir una realidad brutal dentro del ámbito penal y de la seguridad interior. Sin embargo, la narrativa gubernamental fue rebasada por las cifras y los análisis internacionales. Hoy es insostenible.
La designación de los cárteles como “grupos terroristas”, por Estados Unidos y otros países, no es meramente un giro retórico. Sin embargo, las autoridades parecen más preocupadas por ejercer de policía conceptual y evitar su uso, que por activar con eficacia sus facultades frente al problema de la violencia.
Esa posición tiene costos. Esas designaciones implican que otros países han comenzado a leer el fenómeno desde otra óptica. Los cambios relevantes en política internacional rara vez empiezan como consenso. Inician como precedente, que ya está sentado para México.
Hasta finales de marzo de 2026, tres países habían dado pasos formales para tratar -al menos a algunos cárteles mexicanos- como organizaciones terroristas. Estados Unidos abrió la ruta con seis cárteles, en 2025. Ese mismo año, Canadá hizo algo semejante al listar a cinco organizaciones dentro de un paquete más amplio de grupos criminales transnacionales. La semana pasada, Argentina se sumó al declarar terrorista al CJNG e incorporarlo a su registro correspondiente. El conjunto es reducido, pero ya no puede presentarse como una extravagancia estadounidense. Hay un pequeño número de Estados que decidió mover el problema al terreno de la seguridad internacional reforzada.
Hay, además, una segunda capa que el gobierno mexicano haría mal en ignorar. Fuera de las designaciones formales, la categoría empezó a circular en espacios políticos donde todavía no es norma, pero ya adquirió sonoridad institucional. En marzo de 2026 se presentó por tercera vez, en el Parlamento Europeo, una pregunta formal sobre la posibilidad de incluir a los principales cárteles mexicanos en la lista de entidades terroristas de la Unión Europea. No hay decisión ni política aún, pero sí expediente, lenguaje y presión. Así avanzan muchas mutaciones del vocabulario internacional: primero como hipótesis aceptable, luego como opción técnica y, finalmente, como práctica disponible.
México ha rechazado esa etiqueta diciendo que los cárteles persiguen fines de lucro, no fines políticos. El argumento ya no tiene lógica ni es defendible en un plano conceptual doctrinal. Además, la discusión internacional dejó hace tiempo de resolverse solo ahí. Muchos Estados ya no miran únicamente la motivación ideológica de un actor; observan su capacidad para intimidar poblaciones, disciplinar territorios, infiltrar instituciones, financiar redes transnacionales y afectar la estabilidad regional. En ese contexto, la línea entre delincuencia organizada y terrorismo se vuelve menos una frontera conceptual que una decisión funcional de política exterior y de seguridad.
Si un grupo infunde miedo de manera sistemática, somete territorios, captura o suplanta autoridades, financia su expansión a través de redes transnacionales y obliga al Estado a responder como si enfrentara una amenaza armada persistente, la negativa a siquiera discutir la palabra terrorismo empieza a parecer menos rigor analítico que terquedad política. Hezbolá hizo de esa combinación una forma de poder; hoy, Líbano corre el riesgo de perder territorio. En otro contexto y con otra genealogía, el CJNG, también ha hecho de la intimidación organizada un instrumento de dominio territorial y político.
El problema de fondo para México no es semántico sino estratégico. La designación es la clase de palanca jurídica y política que permite hacer más argumentable -en Washington y más allá- una escalada sobre territorio mexicano. Ya conocemos esa lógica: el terrorismo pone el argumento; la pérdida de soberanía paga la factura.
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