Lo ocurrido el domingo no fue un episodio aislado de violencia. Fue una demostración de fuerza. En cuestión de horas, una organización criminal logró paralizar varios estados del país, sembrar miedo en la población y exhibir, una vez más, la fragilidad del Estado frente al poder del crimen organizado. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, familias encerradas en sus casas y soldados jugándose la vida mientras el país observaba con incertidumbre. Cuando el Estado pierde el control del territorio, la ciudadanía queda a merced del miedo.
Hay que llamar a las cosas por su nombre. Más de 200 acciones coordinadas no son simples “hechos violentos”, como los describió el gabinete de seguridad. Son actos narcoterroristas diseñados para sembrar miedo y demostrar poder. Minimizar el lenguaje no reduce la realidad, sólo la oculta.
Resulta difícil entender que, en medio de esa crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum no emitiera un mensaje inmediato a la nación y continuara con su gira, como si el país no estuviera atravesando uno de los episodios más graves de violencia coordinada en años. El silencio en casos como este no genera calma, genera vacío.
Más desconcertante aún fue escuchar al día siguiente que “se construye la paz”, cuando las imágenes del domingo mostraban exactamente lo contrario. Hablar de paz mientras el crimen paraliza estados enteros es desconectarse de la realidad que viven millones de mexicanos. La paz no se anuncia, se garantiza.
Eliminar al capo más buscado del país es, sin duda, un hecho digno de reconocerse y un acto valiente del Ejército mexicano. Sin embargo, cabe hacernos la pregunta de ¿cómo llegó una organización criminal a tener la capacidad de responder con tal nivel de coordinación y violencia? El problema no es sólo el líder abatido, sino la estructura financiera, política y territorial que lo sostenía. Y ahora surge un riesgo adicional: la fragmentación del grupo, un escenario que históricamente trae más enfrentamientos y mayor violencia local.
Por otro lado, el gobierno ha repetido hasta el cansancio que la estrategia consiste en “atender las causas”. Sin embargo, después de siete años de esa narrativa, la evidencia apunta en otra dirección: el control territorial del crimen organizado no disminuyó, se expandió. Las organizaciones criminales diversifican negocios, penetran gobiernos municipales y estatales e incluso, como ya hemos visto, impulsan candidatos que terminan gobernando territorios completos. El crimen ya no sólo disputa calles, disputa instituciones.
Hablar de paz mientras el crimen demuestra su capacidad de controlar territorios es más que un error político, es una negación peligrosa. Porque la paz no nace del discurso, sino de la capacidad del Estado de imponer la ley y garantizar seguridad. Sólo a partir del reconocimiento honesto de la crisis y de la firme decisión de atacar las estructuras financieras y políticas que sostienen a estas organizaciones, se pueden construir, junto con la ciudadanía, las condiciones de paz y desarrollo que México merece y que cualquier país necesita para crecer y ser un destino atractivo para la inversión.
