La policía capitalina carece de un programa de evaluación sobre el uso de la fuerza, denuncia Causa en Común

Los actos violentos registrados en la marcha del pasado 2 de octubre y la ausencia de detenciones revelaron la falta de protocolos de salvaguarda de la integridad policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y un rezago en la aplicación del uso de la fuerza conforme lo ameriten las circunstancias que rodean las movilizaciones sociales, afirmó Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común.

Dijo que los desmanes atribuidos al denominado Bloque Negro pusieron "contra las cuerdas" a las autoridades del gobierno capitalino, el cual enfrenta una encrucijada entre la retórica política de no represión y la eficiente operatividad para administrar el orden durante las manifestaciones.

Manifestó que de acuerdo con el “Informe de Transparencia sobre el desarrollo de las instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia 2025”, elaborado por Causa en Común, la SSC no cuenta con programas de evaluación anual de uso de la fuerza y tampoco ha incorporado herramientas útiles como las cámaras corporales entre los policías.

“En el eje del uso progresivo de la fuerza se identificaron varias necesidades: el diseño de un programa de evaluaciones sobre el uso de la fuerza; mayor capacitación en materias relacionadas con el uso de la fuerza ya que de la información recibida se constató que no impartieron cursos en no discriminación, primeros auxilios, medios de solución pacífica, control de multitudes y manejo de crisis y emociones; así como, contemplar y regular el uso de cámaras corporales”.

Respecto a este último punto, indicó que la portación de cámaras corporales está relacionada con la regulación del uso de la fuerza, además de que generalmente se considera que tiene un impacto positivo en la transparencia, la rendición de cuentas y la reducción de incidentes en los que se emplea.

Retórica contra operatividad

El especialista indicó que las movilizaciones que tienen el objetivo de llegar al Zócalo de la Ciudad de México registran una tendencia cada vez más marcada hacia la violencia. “Entonces, la intervención aquí del Estado para mantener o procurar un orden dentro de estas manifestaciones, siempre va a tener un dejo, digamos, de complejidad, no nada más política, sino también operativa”.

Sostuvo que difícilmente el gobierno de la Ciudad de México dejará su postura de no represión a pesar de actos violentos, como sucedió el 2 de octubre de 2025. “Claramente esa retórica tiene una efectividad hasta todavía electoral. Tiene, digamos, un poder simbólico histórico que, vaya, si nos vamos a esas, uno a lo mejor como político, pues ni de locos suelta esa retórica”.

“Toda intervención del Estado ante una manifestación, sea cual sea el partido que gobierne y el tipo de gobierno, sea cual sea el país del mundo del que estemos hablando, siempre va a resultar en una problemática, ¿no? Y costosa en términos políticos y esta dificultad política en las decisiones que se toman respecto a las marchas, pues conlleva, desde luego, un grado de complejidad operativa pues todavía más elevado.

“Lo que se vio el 2 de octubre sí puso un poco al gobierno entre las cuerdas, sobre todo se quiere diferenciar mucho al gobierno de la capital respecto al pasado y a su policía relacionada con actos de uso de la fuerza ante las manifestaciones. Esa retórica choca ante una necesidad en la cual es necesario administrar el orden. Ante esa necesidad, creo que hay muy clara evidencia de que es importante realizar protocolos, particularmente sujetar mejor a los protocolos de actuación ante movilizaciones y provocaciones sociales al uso de inteligencia”.