La prescripción en materia penal constituye una institución jurídica mediante la cual se extingue la potestad punitiva del Estado como consecuencia del transcurso del tiempo. Su finalidad se vincula con la seguridad jurídica, al impedir que la persecución penal se prolongue indefinidamente. No obstante, su aplicación se complejiza cuando intervienen figuras de protección constitucional como el fuero de determinados servidores públicos. El presente análisis examina la prescripción penal a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como su interacción con el régimen constitucional de inmunidad procesal.
La prescripción penal como límite al ius puniendi
La prescripción supone la pérdida del derecho del Estado para perseguir o ejecutar una sanción penal una vez transcurrido el plazo legalmente establecido desde la comisión del delito. En términos generales, dicho plazo inicia en el momento en que se realiza la conducta ilícita. Sin embargo, la prescripción no extingue el delito en sí mismo, sino únicamente la posibilidad de imponer una pena, permaneciendo subsistentes los elementos del tipo penal.
Esta institución responde a criterios de estabilidad jurídica y racionalidad punitiva, al considerar que el paso del tiempo debilita la necesidad social de sanción y la eficacia de la persecución penal.
Principio de legalidad y seguridad jurídica
El análisis de la prescripción debe realizarse bajo el marco del principio de legalidad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precepto establece que ninguna persona puede ser privada de sus derechos sino mediante ley previa aplicable al caso concreto, garantizando así la certeza normativa.
Este principio se complementa con la exigencia de que toda actuación de autoridad se encuentre debidamente fundada y motivada, lo que implica señalar con precisión las normas jurídicas aplicables y las razones que justifican la decisión. En este sentido, cualquier acto que carezca de sustento legal se traduce en una manifestación de arbitrariedad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la exacta aplicación de la ley penal no sólo prohíbe imponer penas por analogía, sino que obliga al legislador a definir con claridad tanto las conductas delictivas como las sanciones correspondientes, con el objeto de evitar incertidumbre jurídica.
El fuero constitucional y la interrupción de la prescripción
Dentro del sistema constitucional mexicano, diversos servidores públicos gozan de inmunidad procesal, comúnmente denominada fuero. Los artículos 111 y 113 constitucionales establecen la necesidad de agotar el juicio de procedencia como requisito previo para ejercer acción penal contra dichos funcionarios.
Sin embargo, el aspecto central en materia de prescripción se encuentra en el artículo 114 de la Constitución, el cual dispone que los plazos de prescripción se interrumpen mientras el servidor público desempeñe alguno de los cargos protegidos constitucionalmente. Esto significa que durante el ejercicio del encargo no corre el término prescriptivo.
Esta regla tiene como finalidad evitar que la inmunidad procesal se convierta en un mecanismo de impunidad, asegurando que, una vez concluido el cargo, el servidor público pueda ser investigado y procesado sin que el paso del tiempo lo beneficie.
Asimismo, esta interrupción opera respecto de particulares que, con posterioridad a la comisión de delito, hayan asumido cargos protegidos, dado que siempre debe contemplarse a la ley vigente en el momento de ejecución del ilícito. Esto último es relevante, toda vez que recientemente se aprobaron reformas que pueden interpretarse equívocamente.
Marco legal secundario y cómputo de plazos
Además del marco constitucional, la legislación sustantiva penal, federal y estatal, establece criterios específicos para el cálculo de los plazos de prescripción. Entre ellos destaca la regla del término medio aritmético, que consiste en promediar la pena mínima y máxima del delito, sirviendo como referencia para determinar el tiempo general de prescripción y la individualización de la sanción. Este mecanismo permite una mayor proporcionalidad en la aplicación del derecho penal, considerando la gravedad de cada conducta.
Conclusiones
La prescripción penal constituye un límite esencial al ejercicio del poder punitivo del Estado, estrechamente vinculada con los principios de legalidad y seguridad jurídica. No obstante, su aplicación no es absoluta, especialmente cuando intervienen figuras de protección constitucional como el fuero.
La interrupción del plazo prescriptivo prevista en el artículo 114 constitucional garantiza que la inmunidad procesal no derive en impunidad, permitiendo que los servidores públicos rindan cuentas una vez concluido su encargo y a pesar de no se haya promovido en su contra el denominado juicio de procedencia. En consecuencia, el ejercicio de un cargo protegido no elimina la responsabilidad penal, sino que únicamente suspende temporalmente la posibilidad de persecución.
El respeto a este marco normativo fortalece el Estado de derecho y contribuye a consolidar una cultura de responsabilidad pública, en la que la función gubernamental no se traduzca en privilegio frente a la justicia penal.
