Entre 1935 y 1936, Lázaro Cárdenas desplazó a los generales afines al expresidente Plutarco Elías Calles de sus zonas de influencia —donde mantenían a las tropas bajo un esquema de lealtades compradas— hacia regiones donde carecían de arraigo. Al despojarlos de su control territorial, Cárdenas neutralizó a los más peligrosos enviándolos a misiones diplomáticas o forzando su retiro bajo el eufemismo de una "renovación institucional".
La historia es circular en sus advertencias, por más que algunos decidan ignorarlas. En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx completó la sentencia de Hegel: los grandes hechos y personajes aparecen dos veces, "una vez como tragedia y la otra como farsa". La máxima cobra hoy nueva vigencia. Así como Lázaro Cárdenas comprendió que, para blindar la investidura presidencial, era imperativo desarticular las lealtades hacia el 'Jefe Máximo', Claudia Sheinbaum parece no asimilar una lección similar: frente al mazo arancelario de Donald Trump, no hay margen para mantener generales cuyas banderas sigan plantadas en Palenque.
La remoción de Adán Augusto López no es un simple ajuste administrativo; es una simulación de higiene política ante la mirada escrutadora de Washington. López Hernández no era un senador cualquiera: representaba el control de una estructura territorial férrea, especialmente en el sur del país. A las presiones externas se sumaron fracturas internas: un Senado dividido por el rechazo de los partidos Verde y del Trabajo a negociar reformas clave —como la electoral—, lo que dejó al tabasqueño sin una interlocución efectiva.
Adán Augusto debería compartir celda con Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, a quien nombró secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Bajo su gestión, y mediante su notaría, se avalaron empresas ligadas a la red de Bermúdez para obtener contratos públicos y ejecutar esquemas de lavado de dinero en proyectos como el Tren Maya. Se trata de una red de empresas "factureras" que desviaron más de 2 mil 360 millones de pesos en contratos de gobiernos morenistas (Segalmex, Conagua y administraciones estatales).
Sin embargo, no pisará la cárcel. Su inmunidad no emana de la ley, sino de su linaje: es el hermano del Gran Corruptor que habita en Palenque, aquel que abrió el grifo de los contratos multimillonarios para comprar lealtades y asegurar un fondo de reserva que les permita sortear apuros cuando la suerte se les agote. La evidencia del blindaje es numérica: como coordinador de Morena en el Senado, López Hernández manejó una partida presupuestal para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que sufrió una metamorfosis escandalosa, pasando de 8 millones de pesos en 2024 a 894 millones en 2025. Un aumento del 11,000% que no explica una gestión, sino una caja de guerra.
El sistema lo protege porque esos recursos fluyeron hacia las campañas de Morena, incluida la de la propia Sheinbaum. Al igual que los generales callistas, el hoy exlíder del Senado se retira solo para que la presidenta pueda proyectar un frente sin grietas. El mensaje es nítido: en el tablero del poder mexicano, la memoria siempre claudica ante la supervivencia. El Maximato no ha muerto por decreto, sino por la urgencia de no concederle al Norte ni una sola excusa para cruzar la frontera o descarrilar el T-MEC.
En el ejercicio del mando, la autoridad sin sumisión es un espejismo. El núcleo de la vida pública no es el bien común, sino el enigma de cómo fabricar obediencia. Esa es la fuerza que mueve los hilos de la praxis nacional, se admita abiertamente o se disfrace de consenso.
